Con el firme propósito de examinar los alcances del Paquete Fiscal 2026 de Yucatán, la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal sostuvo una reunión clave esta tarde. Legisladores y funcionarios estatales dialogaron en un ejercicio de intercambio de ideas para asegurar que el proyecto enviado por el Ejecutivo estatal responda a las prioridades de la ciudadanía. Este encuentro marca el inicio formal de la revisión técnica de los recursos públicos para el próximo ejercicio fiscal.
Diálogo abierto entre fuerzas políticas
La sesión, realizada en la sede del Poder Legislativo, fomentó un diálogo directo entre las autoridades de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y diputadas y diputados de diversas fracciones, incluyendo morena, Partido Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC). Esta apertura busca construir un dictamen equilibrado que se ajuste a las necesidades reales del estado y promueva el uso eficiente de los recursos públicos.
Durante la jornada, los legisladores plantearon dudas específicas sobre la distribución del presupuesto y las proyecciones de ingresos. Estas inquietudes fueron atendidas con diligencia por los representantes de la SAF y de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), quienes detallaron los criterios técnicos detrás de la propuesta.
Participación plural en el análisis presupuestal
El encuentro contó con una amplia participación de legisladores comprometidos con la transparencia. Por parte de morena, asistieron María Esther Magadán Alonzo, Alba Cob Cortez, Samuel Lizama Gasca, Wilbert Dzul Canul, Eric Quijano González, Germán Quintal Medina y Alejandro Cuevas Mena. Asimismo, el diputado Francisco Rosas Villavicencio representó al PT, mientras que por el PAN participaron Roger Torres Peniche, Itzel Falla Uribe, Melba Gamboa Ávila, María Teresa Boehm Calero y Sayda Rodríguez Gómez. Javier Osante Solís acudió en representación de MC.
Este ejercicio de parlamento abierto refuerza el compromiso del Congreso local de garantizar que cada peso del presupuesto estatal se destine a impulsar el desarrollo social y económico de la entidad, priorizando rubros esenciales como salud, seguridad y bienestar social.