Frases como “Me acaba de robar descaradamente”, “Aquí no hay quien ponga orden a estos abusivos” o “Me vieron la cara, pero mejor pago para no tener problemas” se escuchan con frecuencia alrededor del Estadio GNP, donde usuarios reportan cobros de hasta 1,500 pesos en servicios de bicitaxis.
Las personas afectadas describen un mismo patrón de abuso, sobre todo en zonas de alta afluencia, sin que exista un control efectivo sobre las tarifas ni sanciones visibles.
Las historias y denuncias se multiplican en redes sociales; quienes resultan víctimas de estos pagos irregulares en la alcaldía Iztacalco o en el Centro Histórico coinciden en que, por recorridos de cinco minutos o unos 500 metros de distancia, las y los operadores les exigen pagos superiores a mil pesos.
Ante el temor de enfrentar conflictos o situaciones de riesgo, muchas personas optan por pagar aun cuando reconocen la tarifa como claramente abusiva.
Falta de regulación y omisiones en la movilidad
Las anomalías crecen de manera constante, pero no existe una regulación efectiva que las frene. Según señalan especialistas y personas usuarias, el Gobierno de la Ciudad de México no concluyó en 2024 una norma específica para este tipo de servicios, por lo que la autoridad carece de un padrón exacto de quienes operan bicitaxis, mototaxis y golfitaxis.
Esta ausencia de registro y reglas claras dificulta la supervisión y deja a las y los usuarios en una posición vulnerable frente a cobros arbitrarios.
De acuerdo con el diagnóstico técnico del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020–2024, un gran sector de servicios de bicitaxis, mototaxis y golfitaxis sigue fuera de la planeación formal, a pesar de su relevancia en la movilidad cotidiana.
Estos vehículos atienden alrededor de 96 mil viajes diarios, lo que evidencia su peso real en la red de transporte, aun cuando no cuentan con integración plena a la política pública de movilidad ni con reglas tarifarias homologadas.
Piden regular mototaxis por riesgos a usuarios
Respecto a los mototaxis, la diputada local del PAN, Olivia Garza, presentó en abril una iniciativa para regular la circulación de estos transportes, con el argumento de que ponen en riesgo a las personas usuarias.
La propuesta busca establecer estándares mínimos de seguridad, obligaciones para las y los operadores y esquemas de sanciones que desincentiven el cobro abusivo y el uso de unidades en condiciones inadecuadas.
Mientras el debate legislativo avanza con lentitud, usuarios continúan denunciando cobros excesivos y condiciones de riesgo, sobre todo en zonas turísticas, alrededores de recintos deportivos y áreas con alta concentración de visitantes.
Diversas voces insisten en que la ciudad necesita reglas claras, supervisión constante y canales efectivos de queja para frenar los abusos y garantizar un servicio de transporte alternativo seguro, accesible y justo.