Todo análisis estratégico debe tener la capacidad para reflexionar, en un escenario amplio, algunas acciones delictivas que rebasan los espacios de la seguridad pública, es decir, de la delincuencia que trata de despojar al ciudadano de sus propiedades individuales.
La explicación que dio el miércoles al mediodía el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dejó entrever indicios de que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en un acto público institucional, no fue producto de una venganza personal de algún delincuente poderoso, sino una acción de un grupo delictivo que está disputando en Michoacán -como en otras partes del país- el control de zonas territoriales de la soberanía del Estado.
El Gobierno federal tiene sus razones para desdramatizar las interpretaciones estratégicas del asesinato del munícipe y desde luego que estaría en la lógica de evitar el escalamiento de actividades delictivas que afectan a funcionarios públicos y a figuras visibles de liderazgo social para evitar el reconocimiento de que Michoacán es un ejemplo clásico de la lucha por el territorio institucional entre el Estado y un grupo delictivo armado.
El arresto y presentación del capo michoacano que operó el asesinato del alcalde de Uruapan -y hay que insistir que fue un ataque contra una figura institucional, no contra un político de carne y hueso- no puede evitar la interpretación de que hay una lucha por el control territorial e institucional entre la delincuencia organizada armada y el Estado federal en sus espacios locales, algo que no se había visto desde 1994 con el EZLN.
El CJNG se asentó en casi dos terceras partes del territorio nacional al amparo de la estrategia del Gobierno anterior de López Obrador de “abrazos, no balazos” y la decisión del Gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo de autorizar una ofensiva formal contra ese grupo delictivo, llega tarde, pero hay que reconocer que esa ofensiva ya llegó y no hay para atrás.
Zona Zero
- Como dicen en los pueblos: “Éramos pocos y parió la abuela”. La violencia en la manifestación pública del autodenominado grupo Generación Z derivó en una trifulca violenta en el Zócalo, no por radicales de esta organización un poco amorfa todavía, sino por la infiltración de un grupo de choque conocido como Bloque Negro que funciona para reventar eventos opositores. El Gobierno federal no debe desdeñar -aún si fuera amañada- la versión es que quieren resucitar el espíritu represivo de Gustavo Díaz Ordaz.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh