La Asociación Civil Cicloturixes, dedicada a la promoción de la movilidad activa y sustentable, solicitó la suspensión preventiva de cualquier obra o intervención en el emblemático Paseo de Montejo que implique el retiro de islas de resguardo peatonal, jardineras o bolardos, tras los anuncios de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur) sobre acciones para “agilizar el tráfico vehicular” en dicha avenida.
El colectivo expresó su preocupación por el posible retiro de estos elementos, los cuales cumplen funciones clave de seguridad vial y protección para peatones y ciclistas:
“Las islas de resguardo, reductores de velocidad y elementos de amortiguamiento no son obstáculos, sino dispositivos obligatorios para prevenir lesiones y muertes viales”.
Derechos y normativas invocadas
Cicloturixes recordó que el derecho a la movilidad segura está respaldado por el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que obliga a las autoridades a garantizar accesibilidad, sostenibilidad y seguridad vial.
Asimismo citaron los artículos 31 y 32 de la ley, junto con la norma técnica NOM‑004‑SEDATU‑2023 “Estructura y Diseño de Vías Urbanas”, la cual establece criterios mínimos para banquetas, zonas de resguardo y vegetación en vías urbanas.
A nivel estatal, el colectivo señaló que la Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT) es la autoridad competente para aprobar modificaciones en infraestructura vial.
Peticiones concretas
La asociación solicitó tres acciones específicas:
- Suspender cualquier intervención física que implique el retiro de elementos de seguridad vial en Paseo de Montejo y sus alrededores hasta contar con evaluación técnica.
- Convocar a una mesa técnica interinstitucional con participación ciudadana, académica y autoridades como Ayuntamiento de Mérida, IMDUT, ATY, INCAY, SSP e INAH.
- Transparentar públicamente los detalles, fundamentos legales y objetivos del proyecto anunciado por la Sefotur.
Cicloturixes expresó su disposición para colaborar en la elaboración de proyectos alternativos que cumplan las normas vigentes y promuevan una movilidad segura, incluyente y sustentable.
“Nuestro interés es que toda acción se realice conforme a la ley y en protección del derecho humano a la movilidad segura, reduciendo emisiones y previniendo accidentes mortales”.
El colectivo enfatizó que movilidad y seguridad vial deben entenderse como derechos humanos fundamentales vinculados al bienestar, la salud y el medio ambiente sano, más allá de los intereses de agilizar el tránsito vehicular.