El Cabildo de Mérida aprobó por unanimidad la recepción de una donación de particulares para beneficio de la comisaría de Oncán, consistente en el terreno que ocupa su cementerio y el acceso al mismo. Además, se avaló la donación de dos predios a favor de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), con el objetivo de fortalecer la infraestructura de agua potable en la capital del estado.

Un acto de compromiso con la ciudadanía

Durante la sesión, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada destacó que ambas decisiones representan actos de compromiso con la ciudadanía y atención directa a las peticiones comunitarias. En el caso de Oncán, explicó que la donación era un anhelo de muchos años para las familias de la comisaría.

“Misión cumplida. Esto que tanto han añorado los vecinos de Oncán hoy es una realidad. Les tengo un cariño muy especial; desde muy jovencita visitaba la comisaría y establecí lazos de amistad con su gente”, expresó la alcaldesa.

Beneficio social y certeza jurídica

Patrón Laviada subrayó que este acto otorga certeza jurídica a la comunidad sobre un espacio significativo, donde sus habitantes podrán seguir honrando a sus seres queridos con la tranquilidad de que el cementerio pertenece formalmente a la localidad.

Por otra parte, el Cabildo aprobó también la donación de dos predios solicitados por la JAPAY, ubicados en las colonias Nora Quintana y Girasoles de Opichén, que servirán para ampliar la red de agua potable y mejorar el servicio a los usuarios.

Certeza para las comunidades

Durante la discusión del punto, la regidora Angélica Esperanza Mena Magaña celebró la decisión y calificó la donación a favor de Oncán como un acto de justicia social.
“No es solamente un documento: hoy los habitantes de Oncán tendrán la certeza del espacio idóneo donde honrar a sus antepasados y a su historia”, señaló.

En el mismo sentido, la regidora Denisse Pérez del Carmen Rodríguez destacó la importancia de garantizar la certeza jurídica de los espacios públicos en todas las comisarías del municipio.

“Este caso debe servir como punto de partida para revisar otras comunidades y confirmar que los espacios públicos realmente pertenezcan a la gente y no a particulares”, puntualizó.