Del 15 de junio al 31 de agosto de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo 17 operativos en predios forestales de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Estas acciones contaron con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y corporaciones de seguridad estatales.
Durante los operativos se detectaron desmontes y cambios de uso de suelo sin autorización de la Semarnat, lo que derivó en la clausura de 17 predios donde la selva fue destruida para la siembra de monocultivos agroindustriales, principalmente por comunidades menonitas.
Clausuras y afectaciones por estado
En Campeche se clausuraron dos predios en Hopelchén, en los ejidos Xmaben y Francisco J. Mújica, con daños en 247.85 hectáreas, además del aseguramiento de maquinaria pesada tipo oruga.
En Quintana Roo, la Profepa inspeccionó predios en José María Morelos, Bacalar y el Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax. Allí se detectó el cambio de uso de suelo en 2,531.12 hectáreas y se aseguró un tractor con bomba de fumigación.
En Yucatán, los operativos se realizaron en Tekax, en los ejidos Nohalal, Emiliano Zapata y Poccheil. Como resultado, se clausuraron terrenos con afectaciones en 968.62 hectáreas, además del aseguramiento de una Caterpillar D8, una retroexcavadora, una perforadora de pozo y tres tractores agrícolas.
En total, las acciones derivaron en la clausura de 17 predios con 3,747.59 hectáreas de selva afectadas: 247.85 en Campeche, 2,531.12 en Quintana Roo y 968.62 en Yucatán.
Balance de operativos en la península
De mayo a agosto, la Profepa ha realizado 25 operativos en la Península de Yucatán, con la clausura de predios que en conjunto suman 6,325.60 hectáreas de selva afectada.
Para frenar la tala ilegal, la Procuraduría convocó a la integración de una Mesa de combate a la deforestación en Quintana Roo, con autoridades ambientales y de seguridad de los tres niveles de gobierno.
Declaraciones de la Profepa
La procuradora federal de protección al ambiente, Mariana Boy Tamborrell, destacó el compromiso de la institución:
“Además de las clausuras, en todos estos casos hemos abierto procedimientos administrativos y, hasta el momento, hemos presentado 13 denuncias penales. Tenemos el compromiso de trabajar en coordinación con instituciones de los tres niveles para frenar estos desmontes ilegales y avanzar hasta obtener sanciones ejemplares para quienes arrasan con las selvas y para establecer procesos de restauración de la vegetación nativa”.
La dependencia aseguró que continuará con acciones permanentes de inspección y vigilancia en la región, con el objetivo de frenar los daños a los ecosistemas forestales y garantizar la reparación de los daños ocasionados.