El 1 de septiembre de 2025 inició el piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil en México. La iniciativa está coordinada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones junto con Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán, y busca combatir delitos como extorsión y fraudes mediante el control de líneas telefónicas.
Según el comunicado oficial, los datos de los usuarios estarán resguardados exclusivamente por las compañías, sin acceso del gobierno, conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales. El piloto permanecerá vigente hasta octubre, cuando entren en vigor las nuevas disposiciones que obligarán a registrar todas las nuevas líneas al momento de su contratación.
Procedimiento de registro y facilidad para usuarios
Suscríbete a nuestro canal
El proceso será relativamente sencillo. Los usuarios deberán presentar identificación oficial con CURP en los centros de atención de las operadoras, donde se vinculará la información con la línea adquirida.
Para líneas ya activas, se habilitará un periodo de registro, aunque no se han dado fechas exactas, esto de acuerdo con El Universal. Las compañías deberán ofrecer modalidades remotas para que el registro se pueda completar a distancia. Esto significa que, a partir de octubre, ninguna línea nueva podrá activarse sin estar asociada a una CURP.
El registro está contemplado en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. La medida busca reducir delitos como secuestro, extorsión y fraude telefónico, y el dictamen del Congreso señala que se trata de una acción respetuosa de los derechos humanos, garantizando privacidad y facilitando investigaciones de riesgos a la seguridad pública.
Antecedentes de intentos previos
El registro de usuarios de telefonía móvil no es nuevo en México. En 2008 se intentó implementar el RENAUT, eliminado en 2011 por filtraciones y falta de eficacia. Más recientemente, en 2021 se aprobó el PANAUT, pero la Suprema Corte lo invalidó en 2022 por violar derechos fundamentales.
Morena retomó la idea en 2020, proponiendo que los operadores fueran responsables de recopilar datos. Sin embargo, organizaciones como R3D advirtieron que estos registros representan un riesgo para la seguridad digital y podrían fomentar mercados negros de SIMs.
Críticas y dudas sobre la efectividad
Defensores de derechos digitales y la oposición calificaron la medida como una “ley espía”, este es el caso de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, quienes incluso han promovido demandas de amparo. Aunque el gobierno asegura que no tendrá acceso directo a los datos, la existencia de una base centralizada genera riesgo de vigilancia masiva o filtraciones.
Expertos han cuestionado la utilidad práctica del registro. Por ejemplo, el exministro Arturo Zaldívar señaló que resulta poco probable que un teléfono vinculado a una CURP sea usado para generar extorsiones, cuestionando la eficacia del padrón como herramienta de seguridad.