El comisario municipal de Santa María Chi, Wilbert Alfonso Nahuat Puc, anunció la obtención de un amparo legal que protege los derechos de participación, información, salud y medio ambiente de los pueblos originarios.
El fallo, emitido por el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, declaró inconstitucional el artículo 149 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado, que limitaba la participación activa de las comunidades en procedimientos ambientales.
Defensa ambiental y participación ciudadana
“Desde 2023 presentamos una denuncia contra una granja porcícola que estaba contaminando nuestro entorno. La SDS concluyó el caso con acciones mínimas y sin permitirnos aportar pruebas”, explicó Nahuat Puc.
La sentencia ahora obliga a la Secretaría de Desarrollo Sustentable a garantizar la participación efectiva de las comunidades en denuncias ambientales, incluyendo acceso a expedientes, presentación de pruebas y alegatos.
Iniciativa para otras comunidades y armonización legal
El comisario convocó a otras comunidades a interponer amparos similares y destacó la necesidad de armonizar la legislación estatal y federal con el Acuerdo de Escazú, que asegura mecanismos de participación temprana y acceso a información ambiental.
Durante la conferencia también se abordaron avances y retos en otros municipios, incluyendo sentencias para ejidatarios de Celestún, rechazo a desarrollos no consultados en Ixil y alertas sobre prácticas irregulares en Kinchil y Sisal.
La Fundación Yansa, que apoya a las comunidades, anunció un conversatorio y taller sobre derechos territoriales de pueblos y comunidades indígenas los días 29 y 30 de agosto.
Quadratín