El Congreso del Estado de Yucatán fue sede de una jornada de mesas de trabajo donde activistas, especialistas y ciudadanía intercambiaron propuestas para tipificar los delitos de ciberacoso y ciberacoso sexual.
La iniciativa busca incorporar estas figuras al Código Penal local, con definiciones claras que permitan su sanción efectiva sin vulnerar derechos fundamentales.
El encuentro, según se expuso en un boletín de prensa, también visibilizó el impacto emocional y psicológico que estas violencias tienen en las víctimas, especialmente mujeres y juventudes.
Marco legal para combatir el ciberacoso y proteger derechos humanos
De acuerdo con el boletín de prensa del Congreso, durante la jornada, las y los participantes compartieron testimonios y propuestas sobre las violencias en entornos digitales, señalando que estas “generan un fuerte impacto en la salud mental y emocional, especialmente en mujeres, adolescentes y juventudes”.
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La diputada proponente, Clara Paola Rosales Montiel (Morena), subrayó que “Yucatán ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de ciberacoso, tanto en mujeres como en hombres, por lo que resulta urgente actualizar el marco legislativo para garantizar el acceso a la justicia a quienes han sido víctimas de este tipo de violencia”.
Añadió que “nuestras leyes deben eliminar términos ambiguos, para que ministerios públicos y juzgadores cuenten con mayor claridad al momento de sancionar estas conductas. El ciberacoso y el ciberacoso sexual tienen consecuencias reales en la vida de las personas, afectando su salud emocional y psicológica”.
Participación ciudadana y fortalecimiento del marco legal en Yucatán
Las mesas de trabajo forman parte del proceso de análisis previo a la discusión de la iniciativa en las Comisiones Permanentes del Congreso del Estado.
La actividad contó con la participación de personas de la sociedad civil, colectivas feministas, estudiantes y público en general, quienes realizaron valiosas aportaciones para fortalecer el marco legal en la materia.
El evento fue resultado de un trabajo coordinado entre el Instituto de Investigaciones Legislativas, la diputada Clara Paola Rosales Montiel y la asociación civil Igualdad Sustantiva Yucatán, que actualmente elabora un Protocolo de Atención Psicoemocional y Jurídica para víctimas de violencia digital.