En un hecho histórico para Colombia, el expresidente Álvaro Uribe fue declarado culpable este lunes de intentar sobornar a un paramilitar para que modificara su testimonio y evitara vincularlo con grupos de ultraderecha que combatieron a guerrillas en el país.

La jueza a cargo del caso afirmó que el soborno “ha quedado acreditado”, mientras que Uribe, quien participó de manera virtual en la audiencia, negó con la cabeza las acusaciones.

Esta es la primera vez que un exmandatario colombiano enfrenta un juicio de este tipo, que podría derivar en una pena de hasta 12 años de prisión.

Un largo proceso judicial

El proceso contra Uribe comenzó en 2012, cuando denunció al congresista Iván Cepeda por presuntamente manipular testimonios en su contra.

Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema cambió el rumbo de la investigación al sospechar que fue Uribe quien intentó sobornar a testigos para cambiar sus declaraciones.

En 2020, el expresidente renunció al Senado, perdió sus fueros y pasó a ser investigado por la justicia ordinaria.

Durante el juicio, que incluyó testimonios de más de 90 personas, surgieron pruebas clave como grabaciones de un abogado de Uribe presionando a un paramilitar, registradas con un “reloj espía”.

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Reacciones y contexto político

La decisión judicial ha generado fuertes reacciones:

El presidente Gustavo Petro pidió proteger a la jueza y rechazó presiones sobre el Poder Judicial.

Por otro lado, el senador estadounidense Marco Rubio defendió a Uribe, calificando el fallo como una persecución política.

Uribe, quien lidera el partido opositor Centro Democrático, se defiende alegando que el juicio responde a una “venganza política” de la izquierda y de antiguos integrantes de las FARC.

Impacto en la política colombiana

Considerado uno de los políticos más influyentes de Colombia en el siglo XXI, Uribe fue el primer presidente reelegido y apadrinó a sus sucesores.

Su condena supone un golpe para la derecha conservadora de cara a las elecciones de 2026.

Reabre el debate sobre los vínculos entre paramilitares y el Estado durante su gobierno.

Con esta sentencia, la justicia colombiana sienta un precedente histórico al responsabilizar a un expresidente por corrupción y manipulación de la justicia.