La histórica Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia marca un parteaguas: la inacción climática no solo daña el planeta, ahora también vulnera el derecho internacional y los derechos humanos. Los Estados que no actúen enfrentarán consecuencias legales, políticas y sociales.
La CIJ establece que ya no basta con compromisos vagos. Financiar combustibles fósiles o demorar acciones puede constituir un acto ilícito. Esto obliga a los gobiernos a cooperar internacionalmente y tomar decisiones concretas en favor del planeta y las futuras generaciones.
TE PODRÍA INTERESAR: https://24horasyucatan.mx/2025/07/28/proteccion-manglares-oceana-mexico/
Organizaciones exigen justicia climática con urgencia
Desde Climate Reality Latinoamérica hasta CANLA y otros aliados, se celebra esta decisión como un llamado jurídico urgente para toda América Latina. Los Estados deben reformar sus políticas públicas y reconocer que la inacción tiene consecuencias reales.
Según la directora de Climate Reality, Itzel Morales Lagunes, “los gobiernos deben responder con políticas ambiciosas que prioricen a las personas y el planeta por encima de los intereses fósiles”.
Obligaciones legales claras para América Latina
La Opinión refuerza que las NDCs (contribuciones determinadas a nivel nacional) son obligaciones jurídicas, no simples promesas. También establece que los Estados deben actuar con base en la mejor ciencia disponible y cumplir los tratados como el Acuerdo de París.
Otorgar subsidios fósiles o retrasar la transición energética puede ser ilegal. La responsabilidad ahora recae sobre quienes ya han generado el mayor daño ambiental: los países con mayores emisiones históricas.
Un precedente clave rumbo a la COP30
La decisión llega en un momento decisivo. La COP30, que se celebrará en Brasil, será el escenario donde los países deberán demostrar si toman en serio este nuevo marco legal.
Karla Maass Wolfenson, de CANLA, afirmó que “la CIJ fue clara: los Estados tienen la obligación de proteger más allá de sus fronteras, y deben garantizar la adaptación climática con enfoque en derechos humanos”.