La proporción de aguas residuales que se tratan en Yucatán disminuyó en los últimos años, pasando de un 6.7% a menos del 4%, advirtió el biólogo Salvador Castell, director de la comunidad científica “Va por la Tierra”. Esta baja en el saneamiento del agua coloca a la entidad en el penúltimo lugar nacional en esta materia, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Rezago en toda la Península de Yucatán
Castell aclaró que este rezago no es exclusivo de Yucatán, sino de toda la península. Según el especialista, este panorama responde a un problema de competencias: las aguas subterráneas están bajo jurisdicción federal, pero el saneamiento es responsabilidad municipal.
“Aquí lo triste es que hace un par de años saneábamos el 6.7% del agua en Yucatán; hoy es menos del 4%. Esto refleja un crecimiento urbano sin planificación y la falta de capacidad para ampliar la infraestructura de saneamiento”, explicó el especialista.
Además, dijo, muchos municipios carecen de reglamentos de construcción o siquiera de catastro, lo que permite que desarrollos habitacionales eludan su obligación de instalar plantas de tratamiento.
Deficiente gestión del agua
El actual Gobierno reconoce que uno de los principales retos de la entidad en materia de infraestructura y sostenibilidad es la gestión del agua.
“Yucatán presenta una tasa de caudal tratado de apenas 0.23 litros por segundo por cada mil habitantes, cifra muy por debajo del promedio nacional de 1.11 litros. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer el tratamiento y reutilización de aguas residuales para prevenir la contaminación del manto freático, una fuente vital de agua en el Estado”, establece el Plan Estatal de Desarrollo de la actual administración.
En el mismo documento establece las acciones a implementar como impulsar la construcción, modernización y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales para garantizar su reutilización y evitar la contaminación de los cuerpos de agua.
Esto incluye programas de monitoreo y regulación del uso del agua por parte de industrias, zonas urbanas y rurales, así como campañas de concientización para fomentar el uso responsable del recurso hídrico.
El investigador también precisó que muchos desarrollos nuevos fragmentan sus proyectos para evadir los requerimientos de saneamiento, que aplican solo a conjuntos habitacionales de más de 50 viviendas. “La mayoría son proyectos pequeños o parcializados y no están obligados por ley a instalar sistemas de tratamiento”, detalló.
Consecuencias por falta de una ley adecuada
En este contexto, la ausencia de una Ley Estatal de Aguas en Yucatán o de una Ley General de Aguas a nivel federal impide coordinar esfuerzos entre niveles de gobierno. “Sin un marco legal claro y actualizado, es difícil exigir a los municipios que tengan sus propios reglamentos vinculados al manejo del agua”, reconoció Castell.
Aunque la mayor parte de las descargas registradas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) provienen de servicios y residencias, que pueden ser tratadas con cloro y filtración básica, el biólogo advirtió sobre otras fuentes de contaminación más preocupantes como los agroquímicos.
“Los pesticidas, herbicidas y fertilizantes se infiltran en el acuífero y se acumulan. Son contaminantes persistentes que no están siendo considerados en las normas actuales, pero sí tienen un impacto severo en la salud humana y en los ecosistemas”, alertó.
También mencionó contaminantes emergentes como los microplásticos y los productos intermediarios del teflón (PCA), que ya han sido prohibidos o regulados en otros países y consideró que deberían incluirse en la normativa mexicana para agua de consumo.
Supervisión deficiente en plantas de tratamiento
El especialista lamentó que la supervisión de las plantas de tratamiento sea deficiente. “No basta con decir que tenemos una planta; hay que verificar que esté funcionando correctamente y que las descargas cumplan con las normas”, expresó.
Finalmente, Castell insistió en que la disminución en el porcentaje de agua saneada no necesariamente implica que se trate menos agua en términos absolutos, sino que la población creció sin que aumentara la infraestructura de tratamiento. “Saneamos lo mismo, pero hay más personas generando descargas. El sistema está rebasado”, concluyó