Por mayoría simple se aprobó en Yucatán modificar el Código Penal para que ya no sea delito abortar hasta las 12 semanas de gestación; sin embargo, no se cumplió la sentencia de la Corte en su totalidad porque se seguirá “protegiendo la vida desde la concepción” en la Constitución Yucateca.
A pesar de que días antes, en la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo, todas las fuerzas políticas acordaron aprobar los dictámenes para despenalizar el aborto, las diputadas y los diputados del PAN en voz de la legisladora María Teresa Bohem Calero anunciaron que votarían en contra de esta propuesta.
Como el punto “P” del orden del día se discutió el dictamen que planteó modificar el Código Penal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La diputada de Morena, Clara Paola Rosales Montiel, subió a la Tribuna para proponer que se agregue al artículo 390 un párrafo cuarto que indique que “en caso de no acreditarse el delito de aborto, este no podrá ser reclasificado por el delito de homicidio en razón del parentesco o relación”.
Votación dividida en el Congreso local
Por su parte, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante, también pidió el voto a favor del dictamen, sosteniendo que no quiere que ninguna persona enfrente sola una decisión difícil, marcada por la violencia, la pobreza o el abandono del Estado.
La votación fue de 22 votos a favor y 13 en contra, con lo que se cambia el Código Penal local y Yucatán se convierte en el estado 23 del país en dejar de criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
Previamente, se discutió el dictamen que buscaba modificar el artículo 1 de la Constitución yucateca, el cual requería de mayoría calificada, es decir, al menos 24 votos de los 35 legisladores.
Sin embargo, los 12 integrantes del PAN y el del Partido Verde, Harry Rodríguez Botello Fierro, votaron en contra, desobedeciendo de esta manera las resoluciones de la Suprema Corte que establecen que son inconstitucionales aquellas normativas que protejan la vida desde la concepción, ya que los productos embrionarios no son sujetos de derechos.
Triunfo legal y pendiente ético
La legisladora Boehm Calero, del PAN, argumentó en Tribuna del Pleno que en este partido se cree con firmeza que la vida debe protegerse desde sus inicios.
En tanto que el diputado Alejandro Cuevas, de Morena, dijo que votar a favor es no caer en desacato ante un pedimento de la corte.
Mientras se llevaba a cabo esta sesión vespertina afuera del recinto legislativo, personas ligadas a grupos religiosos rezaron el rosario con imágenes de la virgen de Guadalupe entre sus manos, mientras activistas feministas gritaban “Iglesia y Estado ya se separaron” y “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”.
Triunfo incompleto
Para la abogada y activista Amelia Ojeda Sosa, integrante de una red de defensa de los derechos sexuales y reproductivos en el estado, la reforma representa un triunfo, aunque incompleto.
“La sentencia obligaba al Congreso a derogar el delito de aborto voluntario. Lo que tenemos hoy es una despenalización parcial: se puso un límite de 12 semanas, lo cual no es lo que ordenó la Corte”, explicó.
Para ella, se trata de un gran paso, considerando el contexto político y social en el que estamos: “es el resultado de años de trabajo, de propuestas, de escuchar a quienes hemos insistido en que legislar por la autonomía reproductiva es una obligación del Estado”.
No obstante, aclaró que el Congreso aún tiene una deuda legal y ética, aseguró que no se eliminó la protección a la vida desde la concepción, por lo que Yucatán sigue en incumplimiento de una sentencia firme. “Se requiere voluntad política para legislar con perspectiva de género y sin sesgos ideológicos o confesionales”, sentenció.
También reconoció que el reto ahora será garantizar el acceso efectivo, gratuito y sin discriminación al aborto seguro en el sistema de salud pública estatal.