Presentan iniciativas para despenalizar el aborto en Yucatán

Con el objetivo de velan por la salud de las mujeres y los derechos de todas y todos, en la Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, Diputadas de la 64 Legislatura hicieron uso de la Máxima Tribuna para presentar diversas iniciativas las cuales eliminarían todas las causales que penalizan el aborto en Yucatán.

Durante los asuntos generales, las diputadas Clara Rosales Montiel (Morena) y Larissa Acosta Escalante (MC) presentaron iniciativas a favor de la no criminalización de la mujer en materia de Autonomía Reproductiva en las que se proponen modificar artículos de la Constitución, el Código Penal y la Ley de Salud, todas del estado.

Aborto en Yucatán

Cabe destacar que en en Yucatán, el aborto se podía realizar legalmente en los siguientes casos: aborto culposo, embarazo resultado de violación o inseminación artificial no consentida, riesgo de muerte de la mujer, embarazo con alteraciones genéticas o congénitas del feto, embarazo con causas económicas graves y justificadas, siempre y cuando la mujer tenga tres hijos o más.

De aprobarse las iniciativas presentadas este día, cualquier persona con capacidad de gestar, puede interrumpir su embarazo, sin ningún tipo de penalización. 

Sobre su iniciativa, Acosta Escalante explicó que ésta busca garantizar el acceso a una interrupción legal del embarazo sin criminalización y con un enfoque integral de derechos y cuidados.

Además, la iniciativa, que responde a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busca que las personas gestantes cuenten con acceso a información clara y libre de prejuicios antes, durante y después del procedimiento. 

Además, plantea que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar la autonomía sobre el cuerpo, asegurar atención médica digna y fortalecer programas de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género.

Durante su intervención en tribuna, la diputada de movimiento ciudadano narró la historia de Evelia, una mujer indígena de Tixpéhual, víctima de violencia sexual, quien, sin acceso a información en su lengua materna ni asistencia legal, fue condenada a 10 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo. 

La propuesta incluye reformas y derogaciones al Código Penal del Estado de Yucatán y a la Ley de Salud del Estado, eliminando barreras legales que penalizan el derecho a decidir y permitiendo que la interrupción del embarazo sea atendida como un tema de salud pública y justicia social. 

Consecuencias legales

Actualmente, médicos y enfermeras pueden enfrentar consecuencias legales por atender a sus pacientes con el debido respeto a su autonomía, lo que genera miedo e incertidumbre en los servicios de salud. 

Con esta reforma, se garantiza seguridad jurídica para quienes ejercen su labor con ética y profesionalismo, además de que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia.

En cuanto a la iniciativa de Rosales Montiel, destaca que Organismos internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han señalado la importancia de garantizar el acceso legal, seguro y gratuito al aborto, pues su penalización perpetúa la violencia y limita la autonomía de las personas. 

Recordó que en el año 2022 se registraran en la entidad mil 521 partos de niñas y adolescentes entre 10 y 17 años y recalcó que en Yucatán dos de cada 10 mujeres embarazadas que dan a luz tienen entre 12 y 14 años de edad.

“No podemos esperar más, ya es momento, es momento de que las mujeres, hombres trans y personas no gestantes decidamos y no vayamos a la cárcel por cumplir una condena y ser tratadas como criminales cuando solo estamos eligiendo el rumbo de nuestras vidas”, subrayó.

 “Estas niñas no son madres por decisión propia. Son víctimas de un sistema que les niega su infancia y les impone una maternidad forzada. Son el rostro de una deuda histórica que no podemos seguir ignorando”, precisó.

Por ello, continuó, presentó dos iniciativas: la primera tiene como objetivo modificar el artículo 1º, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Yucatán para reconocer, proteger y garantizar el derecho a la vida digna a toda persona.

La segunda, propone modificar el Código Penal y la Ley de Salud del estado con la intención de reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones relacionadas a la despenalización del aborto, el reconocimiento del aborto forzado, y el derecho a la atención.

Asimismo, garantiza el acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva, la regulación de la objeción de conciencia por parte del personal de medicina y enfermería y la atención integral del embarazo, parto, puerperio, así como la atención en la etapa neonatal, la niñez y la adolescencia.

Finalmente, precisó que estas iniciativas son el resultado de décadas de lucha, impulsadas por una diversidad de mujeres desde la calle, desde el activismo, la academia, el litigio y el acompañamiento.