La audiencia del subcomisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat Puc, realizada ayer en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), fue pospuesta para el 6 de febrero de 2025.
Nahuat Puc enfrenta acusaciones de despojo de propiedad y privación ilegal de la libertad, derivadas de su participación en protestas contra los daños ambientales y a la salud atribuidos a una granja porcícola del grupo San Gerardo, socio de Kekén.
Desde las 11 de la mañana, decenas de personas se reunieron afuera del recinto judicial para mostrar su apoyo al activista, a quien consideran víctima de una estrategia de criminalización.
Entre los asistentes estuvieron representantes de agrupaciones defensoras del agua y derechos campesinos, además de observadores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes ingresaron a la diligencia para documentar los hechos.
Cabe mencionar que se impidió el acceso de los medios de comunicación.
Con pancartas y un megáfono, las y los manifestantes denunciaron lo que consideran un intento por silenciar las demandas de la comunidad de Santa María Chi, una comisaría ubicada al oriente de Mérida, que ha sido escenario de tensiones por la operación de granjas porcícolas en la región.
Las comunidades locales, incluyendo Santa María Chi, han señalado que los residuos de estas granjas afectan los mantos freáticos, incrementando riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Estudios ambientales respaldan estas denuncias, apuntando a la contaminación del agua subterránea como una de las principales afectaciones.
Nahuat Puc ha figurado en las movilizaciones contra estas operaciones, lo que lo ha colocado en el centro de un conflicto.
“El comisario enfrenta a la justicia por defender el derecho de los pueblos originarios a tener agua limpia”, expresaron los manifestantes, quienes ven en este caso un precedente sobre la forma en que se tratarán futuras luchas ambientales en el estado.
El caso ya escaló de manera internacional
La resolución del caso será seguida de cerca no solo por la comunidad de Santa María Chi, sino también por activistas, organizaciones civiles y organismos internacionales.
Advirtieron que la criminalización de defensores del medio ambiente podría intensificarse si no se fortalecen los mecanismos de protección y justicia para quienes luchan por los recursos naturales.