En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, más de 20 colectivas feministas, organizaciones civiles y activistas han exigido al Congreso del Estado de Yucatán abordar, en el próximo periodo de sesiones, las iniciativas para despenalizar el aborto en la entidad.
De acuerdo con las colectivas, mantener el aborto como delito en el Código Penal perpetúa la discriminación de género y vulnera derechos fundamentales, como la autonomía corporal, el derecho a decidir y una vida digna.
Este llamado se enmarca en los avances nacionales, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido el derecho a decidir como un derecho humano fundamental. Sin embargo, advierten, las disposiciones actuales en Yucatán criminalizan el aborto, reforzando desigualdades estructurales y roles de género.
Las colectivas señalaron que se han generado iniciativas con un enfoque intercultural y de derechos humanos que consideran las realidades locales. No obstante, ninguna ha sido formalmente presentada ante el Congreso.
Por ello, exigen que el proceso sea inclusivo, con diálogo colectivo y con perspectiva de género, para garantizar una legislación que atienda las necesidades de todas las personas con capacidad de gestar, incluyendo mujeres, hombres trans y personas no binarias.
Es una deuda histórica
“Es una deuda histórica que debe saldarse de manera urgente. No daremos un paso atrás hasta que el aborto deje de ser penalizado y criminalizado”, sentenció Adriana Bautista en representación de las organizaciones.
También hicieron un llamado a que el Congreso considere las voces de la sociedad civil y garantice la atención integral de la salud sexual y reproductiva en la legislación.
María Paula Balam Aguilar, directora del Centro por la Justicia, Igualdad y Democracia (Cejudi) de Yucatán, subrayó que el Congreso tiene la obligación de actuar no solo para cumplir con el mandato de la SCJN, sino para hacerlo de manera efectiva y adecuada al contexto local.
“El proceso legislativo no debe limitarse a cumplir lo mínimo indispensable. Tenemos la oportunidad de construir una iniciativa que refleje las realidades de Yucatán y garantice de manera efectiva el derecho a decidir. Esto incluye una perspectiva intercultural y el reconocimiento de los derechos de mujeres indígenas, niñas, adolescentes, hombres trans y personas no binarias”, afirmó.
Balam Aguilar enfatizó que la propuesta debe incluir el acceso a la salud integral, abordando no solo aspectos físicos, sino también la salud mental y los cuidados necesarios alrededor de la salud reproductiva.