El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, presentó su renuncia el martes tras conocerse las graves acusaciones de encubrimiento de abuso infantil en la Iglesia anglicana.
En un comunicado, Welby expresó: “Espero que esta decisión deje claro cuán seriamente entiende la Iglesia de Inglaterra la necesidad de cambio y nuestro profundo compromiso para crear una institución más segura.”
Comunicación con el Rey Carlos III
Antes de anunciar su dimisión, Welby comunicó su decisión al rey Carlos III, gobernador supremo de la Iglesia anglicana, quien mostró su apoyo.
Welby, conocido por su papel en eventos reales como el funeral de la reina Isabel II y la coronación de Carlos III, deja el liderazgo en un contexto de profunda crisis en la Iglesia.
Un historial de encubrimiento
El caso salió a la luz tras un informe sobre las acciones del abogado John Smyth, quien abusó de al menos 130 niños entre 1970 y 2010. Smyth dirigía una organización benéfica vinculada a la Iglesia, donde aprovechó para cometer abusos tanto en Reino Unido como en África.
A pesar de que la Iglesia fue informada oficialmente en 2013, algunos líderes ya conocían los hechos desde los años 80, y, según el informe, optaron por el silencio como parte de un encubrimiento prolongado.
Reacciones desde el gobierno británico
El primer ministro Keir Starmer calificó los abusos de “horribles” y expresó su apoyo a las víctimas, aunque prefirió no pronunciarse sobre la renuncia de Welby; pues señaló que es “un asunto de la Iglesia”.
Las víctimas, quienes fueron abandonadas por la institución, exigen justicia y cambios estructurales dentro de la Iglesia anglicana.
Responsabilidad institucional
Welby pidió disculpas públicas y reconoció su “vergüenza” por los fracasos en la protección de los menores.
En su comunicado, afirmó que “está claro que debo asumir la responsabilidad personal e institucional”. Sin embargo, el informe concluye que Welby “podría y debería haber denunciado” las violencias a la policía en 2013, al inicio de su liderazgo en la Iglesia de Inglaterra.
Este caso, uno de los más graves de abuso infantil vinculado a la Iglesia anglicana, plantea importantes desafíos para la institución en el Reino Unido y el mundo.