El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), junto a 62 organizaciones y 91 personas, condenó la criminalización de Wilberth Nahuat Puc, subcomisario de Santa María Chí, quien enfrenta cargos por su defensa ambiental contra la granja porcícola Santa María, propiedad de Pecuaria Peninsular.
En una carta enviada a Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, Juan Manuel León León, Fiscal General del Estado de Yucatán, Silvia Elena Torres Cobá Juez Interina del Juzgado Segundo de Control Del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, exigen que se desestimen las acusaciones y protejan a Wilberth.
Además de que se tomen acciones contra las irregularidades en la operación de la granja porcícola Santa María, para garantizar la seguridad de los defensores del medio ambiente en la región.
De acuerdo con las organizaciones firmantes, la empresa, que alberga alrededor de 49 mil cerdos a escasos metros de la comunidad maya, está acusada de generar contaminación en la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, área protegida y declarada Humedal de Importancia Internacional bajo el Convenio Ramsar.
Según los activistas, la operación de la granja afecta gravemente la salud de los habitantes y los ecosistemas locales.
Desde mayo de 2024, Wilberth Nahuat Puc ha sido objeto de un proceso penal, acusado de despojo y privación ilegal de la libertad tras una protesta pacífica en mayo de 2023, donde la comunidad bloqueó la entrada de la granja. La acusación, impulsada por la representante legal de la empresa, Beatriz Arely Uitzil Álvarez, señala que Nahuat y otros manifestantes impidieron la salida de empleados como acto de protesta.
México un peligro para los defensores ambientales
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), México se encuentra entre los países más peligrosos para los defensores ambientales. En 2023, el Cemda documentó 123 agresiones contra activistas, de las cuales 20 resultaron en muertes.
“La criminalización de Wilberth Nahuat se suma a una serie de eventos que han afectado a comunidades indígenas en su lucha contra proyectos industriales que amenazan su salud y el equilibrio ecológico”, exponen.
Ya se ha reportado que el 70% del anillo de cenotes en la península se encuentran contaminados
Las protestas y acciones legales emprendidas por Santa María Chí y el IFDP han apuntado a diversas autoridades y la empresa Pecuaria Peninsular, señalan que la granja no cuenta con una manifestación de impacto ambiental válida y viola el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Yucatán.
Las demandas de amparo incluyen quejas ante SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado, entre otras entidades, acusadas de negligencia al no proteger el derecho al agua, a un ambiente sano y a la salud de los habitantes de Santa María Chí.
Ante la audiencia programada para el 7 de noviembre de 2024, activistas y el IFDP exigen al gobernador de Yucatán, al fiscal estatal y a la jueza Silvia Elena Torres Cobá que retiren los cargos contra Nahuat.
Asimismo, piden a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán investigar la criminalización y garantizar medidas de protección a Nahuat.
Créditos: Abraham Bote Tun