Para exigir un mayor control frente al creciente impacto de megaproyectos, el desarrollo urbano, la industria cárnica, como megagrajas de cerdos y aves, así como la agroindustria, que amenazan su biocultura y territorio, los mayas interponen una solicitud de “Declaratoria de la Zona de Emergencia de la Península de Yucatán” a las autoridades estatales y federales.
El recurso fue presentado a la Presidenta de la República, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, y la Secretaría de Salud. También se entregará a las gobernadoras de Campeche y Quintana Roo, así como al gobernador de Yucatán.
Las comunidades denuncian que la deforestación, la contaminación del agua y la muerte masiva de abejas ponen en riesgo la apicultura y la certificación orgánica de la miel, además de que la minería afecta directamente a sus territorios.
En 2023, Yucatán obtuvo el primer lugar a nivel nacional de producción de miel con nueve mil 451 toneladas, según un reporte del Gobierno federal.
El documento señala que la agricultura industrial, con la siembra ilegal de maíz y soya transgénicas, ha resultado en la pérdida de extensas áreas de selva, mientras que el uso masivo de agrotóxicos, como fipronil y glifosato, diezmó las poblaciones de abejas, comprometiendo la calidad de la miel.
Asimismo, indica que la proliferación de más de 800 fábricas de cerdos y aves, que incluyen las megagranjas, muchas sin las manifestaciones de impacto ambiental correspondientes, contamina el agua y contribuye a la pérdida de masa forestal de la Península de Yucatán.
Además, mencionan que la expansión descontrolada de concesiones mineras y proyectos inmobiliarios amenaza el territorio indígena, resultando en despojos de ejidos y transformando comunidades en colonias urbanas.
Cabe señalar que desde 2015, las comunidades han denunciado daños ambientales y sociales, lo que llevó a la creación de una Declaratoria que agrupa varias problemáticas: la crisis de la apicultura, la megaindustria porcícola y avícola, el crecimiento inmobiliario y la afectación a semillas nativas.
De acuerdo con las comunidades mayas, las abejas, junto con los murciélagos, los colibríes y las mariposas, son responsables del 90% de la polinización de fito especies y flora silvestre.
Sin embargo, en la península de Yucatán, enfrentan una drástica disminución de su población, atribuida a la deforestación, la agroindustria y el uso de plaguicidas.
IMPACTO DE LA INDUSTRIA
Este problema ha sido documentado por la Alianza Kaabnalo’on en colaboración con el Colegio de la Frontera Sur, identificando al fipronil como uno de los principales responsables de las muertes de abejas.
Aparte de su papel ecológico, estos insectos son culturalmente significativos para el pueblo maya, representando un elemento simbólico en la meliponicultura.
Sin embargo, estos fenómenos “han amenazado su existencia, intensificando la crisis y provocando repercusiones económicas para las comunidades que dependen de la apicultura”, se advierte en el recurso interpuesto a las autoridades.
Según se detalla en la declaratoria, la península alberga el 14.2% de las granjas porcícolas en México, contribuyendo con el 9% de la producción nacional, con un crecimiento del 4.5% anual.
El “Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola de Yucatán”, elaborado por la Semarnat, expone que hay 507 granjas registradas, de las cuales más de 220 se concentran en el estado de Yucatán. pero se estima que el número de estos criaderos podría ser mayor.
AFECTACIONES POR EL EXTRACTIVISMO INMOBILIARIO
Otro problema documentado por las organizaciones y la comunidad maya, es el “extractivismo urbano”, que “ha intensificado el despojo de territorios indígenas y la privatización de tierras ejidales, afectando los ecosistemas locales sin la consulta a las comunidades”.
En cuanto a la minería, señalan que se han otorgado concesiones que suman miles de hectáreas, provocando daños irreversibles a la fauna y flora local.
Las agrupaciones revelan que la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (2022) otorgó 16 concesiones mineras en la península de Yucatán, distribuidas en los municipios de Calakmul, Kalkini, Champotón y Hopelchén, en el estado de Campeche, con cinco, uno, cuatro y seis lotes mineros, respectivamente.
Además, en el estado de Yucatán se han otorgado 24 concesiones mineras, distribuidas en los municipios de Celestún, Río Lagartos, Tizimín y Valladolid, con tres, 16, cuatro y uno, lotes mineros, respectivamente. Esto suma un total de 40 yacimientos en una superficie de 29 mil 340.078 hectáreas.
“ La Declaratoria busca visibilizar estas problemáticas y exigir un cambio en la implementación de megaproyectos, priorizando el consentimiento de las comunidades afectadas. Las organizaciones y comunidades demandan atención urgente a la situación socioambiental en la península, buscando preservar su identidad y entorno natural”.
ABRAHAM BOTE TUN