A pesar de que el padre fue vinculado a proceso por los delitos de violencia vicaria, sustracción de menores en su modalidad de retención, violencia familiar y lesiones, Erika Contreras Pérez sigue sin poder tener a sus hija con ella.
El sujeto, quien sigue en libertad bajo medidas cautelares, la situación de la menor sigue siendo incierta; todavía las tiene bajo la figura de “resguardo”, aunque ella tiene la custodial legal.
“Es una injusticia, es una incoherencia, pero dado que los poderes son diferentes. Porque la fuerza que lo vincula es una fuerza penal, y el amparo que él tiene es de un juzgado federal, pues hay como esta incompetencia o, perdón, incompatibilidad de criterios. El juzgador federal cree que él debe estar bajo resguardo, mientras que los jueces penales lo vinculan al proceso”, explica Erika en entrevista para 24 HORAS Yucatán.
“Debo recuperar a mi hija una vez que se defina el amparo federal, lo cual se espera para octubre”, agrega.
La violencia vicaria, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), es una forma de agresión en la que el perpetrador, generalmente una pareja o expareja de la mujer, utiliza a sus hijos como instrumento para causarle daño emocional. Este tipo de violencia busca quebrar el vínculo entre la madre y sus hijos mediante la separación forzada o la manipulación, afectando su bienestar psicológico.
Las acciones incluyen la sustracción, el maltrato físico o psicológico, o la interposición de procedimientos legales falsos con el fin de controlar o someter a la mujer.
Además, la violencia vicaria también puede incluir la amenaza o el daño directo a los hijos, con el objetivo de infligir sufrimiento a la madre. En casos extremos, este tipo de violencia puede conducir al suicidio o feminicidio.
PENAS EN YUCATÁN
La violencia vicaria fue reconocida como delito en Yucatán en 2022, tras un proceso legislativo que incluyó la colaboración de diferentes partidos y organizaciones.
Las penas para quienes cometen este delito en Yucatán oscilan entre cuatro y ocho años de prisión, con aumentos si hay daño físico a los involucrados. Además, se pueden aplicar medidas adicionales como la pérdida de la patria potestad y la suspensión de visitas a los hijos.
Hasta ahora, no se cuenta con cifras oficiales sobre casos de violencia vicaria en Yucatán; sin embargo, de acuerdo con boletines de la Fiscalía del estado, durante este año se han documentado por lo menos 7 casos relacionados con este delito.
Además, según la plataforma de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), durante 2023, 94 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de violencia familiar en el estado.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este 24 de septiembre que presentó los datos y elementos de prueba necesarios para que M.E.E.P. fuera vinculado a proceso por los delitos de violencia vicaria, sustracción de menores en su modalidad de retención, violencia familiar y lesiones, todos denunciados por su expareja sentimental.
Estos delitos están relacionados con los hechos ocurridos en su agravio y el de su hija desde octubre del año pasado.
Como documentó 24 HORAS Yucatán, Erika Contreras Pérez, madre de la menor, denunció este caso. Desde el 8 de agosto, enfrenta una lucha por recuperar a su hija Lucía, quien fue sustraída por su padre.
Ahora, a pesar de que el padre fue vinculado a proceso, la madre expresa que todavía no ha podido recuperar a su hija. “A pesar de este avance, aún no he recuperado a Lucía debido al tema de su amparo y al mal actuar del juzgado familiar local”, sentenció.
En este momento, la menor está bajo el cuidado de su padre, quien según dio a conocer su madre es exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), debido a una orden de un juez federal, lo que, en su opinión, genera confusión e injusticia en el proceso.
Erika detalla que, a pesar de las acusaciones y de las medidas cautelares impuestas al padre, como firmar cada 15 días y no acercarse a ella en un rango de 300 metros, su hija permanece con él.
RECLAMA JUSTICIA
Erika puede ver a su hija los fines de semana en un Centro de Convivencia Familiar bajo supervisión. “La vi por primera vez el 7 de septiembre después de más de 20 días sin poder verla. Me dijo que quería estar conmigo, que estaba de vacaciones, lo que refleja su inocencia, pero mi corazón se parte al dejarla llorando”, comparte, visiblemente afectada.
A medida que se acerca el juicio, programado para enero de 2025, Erika enfatiza la necesidad de una respuesta más ágil y efectiva por parte de las autoridades.
“Es injusto que este proceso tome tanto tiempo. He visto a mujeres tardar de 2 a 5 años en recuperar a sus hijos”, asegura, destacando la carga de trabajo que enfrentan los juzgados familiares.
La situación de Erika no es única; su historia resalta una problemática más amplia en la justicia familiar en México. “Lo que busco es que las instituciones actúen de manera coordinada y que se priorice el bienestar de los niños”, subraya Erika.
La madre confía en que su clamor por justicia no caiga en oídos sordos y que pronto pueda tener a su hija de regreso en casa.
Abraham Bote