La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dirigida por Norma Piña, rechazó ayer tres recursos en contra de la reforma judicial, a cuyo proceso constitucional sólo le falta su promulgación.
Hoy, ambas cámaras del Congreso procederán a declarar la validez de la reforma, tras la aprobación de más de 17 poderes legislativos estatales de la misma, como marca la ley.
Además, por unanimidad, los ministros acordaron levantar la suspensión de labores, medida que surtirá efecto cuando los cambios sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero desde ayer la Primera Sala ya sesionó con normalidad.
Por su parte, la ministra Lenia Batres ingresó una propuesta para que la SCJN acate de inmediato la reforma judicial y comience el periodo de transición, en casos como la entrega de recursos de los fideicomisos y cambio de la Judicatura a Tribunal de Disciplina.
Respecto a las impugnaciones que rechazó la presidenta Norma Piña, en uno de los casos Mónica Pereda, jueza de Distrito radicada en Sinaloa, solicitó a la Suprema Corte ejercer su facultad de atracción y realizar un pronunciamiento por el desacato del Legislativo (Cámara de Diputados, Senado y congresos locales) a la suspensión definitiva dictada por el Juzgado Quinto de Morelos.
Señaló que dicho dictamen actúa contra la independencia judicial y el Estado de Derecho, por lo que se pidió la intervención de la Corte para pronunciarse sobre el desato en el que incurrieron los legisladores, pues estaban impedidos a seguir con el trámite del dictamen de reforma judicial, pero la Suprema Corte decidió desechar el recurso.
A su vez, el juez Jorge Arturo Acosta, como representante de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces, ingresó otro recurso de impedimento para que se prohíba a las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel discutir los asuntos de la reforma judicial, debido a que han mostrado afinidad por su contenido.
La presidencia de la SCJN resolvió que “se desecha por notoriamente improcedente el impedimento planteado por los promoventes citados al rubro”.
A su vez, el personal del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo ingresó otro recurso para pedir a la Suprema Corte “fijar una posición a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial y de que se mantenga la actual integración de juzgadores federales”.
Otra de sus solicitudes es que “se ejerzan las acciones necesarias para conservar la separación de poderes establecida en el artículo 49 de la Constitución y asegurar que no se elimine el sistema de contrapesos entre los Poderes de la Unión”.
Indicaron que los ministros deben ejercer “acciones concretas en defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial con base en los tratados internacionales que le permiten y lo obligan a analizar la constitucionalidad y convencionalidad de actos como los que se han emprendido hasta ahora y que pretende concretar la reforma judicial”.
Las peticiones fueron rechazadas por la Suprema Corte, aunque sí existe un recurso que hace una semana admitió la Corte para pronunciarse sobre la reforma judicial, el cual fue asignado a la ponencia de la ministra Lenia Batres.
La presidenta Norma Piña admitió el recurso de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces que en uno de sus puntos solicita que “se decrete como medida cautelar la suspensión del procedimiento de reforma constitucional, hasta en tanto el Pleno de este Máximo Tribunal de la Nación, se pronuncie de fondo”.
La ministra Lenia Batres, encargada de elaborar el proyecto, no tiene una temporalidad para presentarlo ante sus pares, mientras que parte de la reforma constitucional se materializa al siguiente día de su entrada en vigor, como el apartado que señala el inicio del proceso electoral para jueces, magistrados y ministros.
PIDEN ACATAR REFORMA
A su vez, ayer la ministra Batres propuso que en cuanto entre en vigor la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal entren en un proceso de transición.
Tras la decisión de la Corte de levantar la suspensión y sesionar el próximo martes, la ministra propuso iniciar mesas de trabajo para aportar propuestas en la construcción de leyes secundarias, con el objetivo de garantizar la viabilidad del Poder Judicial durante el proceso de instrumentación de la reforma.
Otro de sus planteamientos es que se convoque a la Judicatura y comiencen con los trabajos para aprovechar los recursos materiales y financieros, así como garantizar su transmisión al Tribunal de Disciplina.
Indicó que se deben adoptar medidas para acatar la extinción de fideicomisos y ajuste de remuneraciones para que los funcionarios no ganen más que el Presidente. La Mesa de transición también podrá recibir propuestas de los jueces y magistrados.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz indicó que “al votar en contra del paro de labores, los ministros tenemos la responsabilidad y obligación de garantizar la continuidad plena del servicio de justicia federal en los términos que marca el artículo 17 constitucional”.