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Margaret Satterthwaite, relatora especial para la independencia de jueces y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió al Gobierno mexicano reconsiderar la propuesta de reforma judicial y garantizar la independencia de los juzgadores.
En su cuenta de X, indicó que “mientras la última propuesta de reforma judicial se somete a votación en la Comisión hoy, reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo #México. Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”.
¿Qué dice la ONU?
Hace unos días, la relatora de Naciones Unidas alertó que la elección de jueces y magistrados por voto popular significa un riesgo para la independencia del Poder Judicial.
De acuerdo con una carta de Margaret Satterthwait, relatora especial para la independencia de jueces y abogados, enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, se señala que es preocupante la propuesta de reforma al Poder Judicial y le pide aclarar varias dudas sobre la propuesta.
El mandatario debe indicar a la ONU si “las medidas tomadas para asegurar que las reformas legislativas materia de la presente cumplen con los estándares internacionales y proveen un procedimiento de selección judicial no politizado, basado exclusivamente en los méritos y calificaciones de los candidatos, con mecanismos efectivos de supervisión”.
Otra de las preguntas para AMLO fue que “indique las medidas adoptadas para garantizar la independencia de jueces y magistrados en el país, permitiéndoles ejercer sus funciones de forma libre de interferencias de otros poderes”.
Mientras la última propuesta de reforma judicial se somete a votación en la Comisión hoy, reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo #México. Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando…
— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) August 26, 2024
El organismo dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU indica que “la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”.
La elección de juzgadores “supone riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad. Este riesgo es especialmente plausible dado que la reforma no establece procedimientos para la conducta que deberá observarse en las campañas”.