El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Federal y Estatal, publicado el 18 de julio de 2024 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que en 2023 se registraron 432 incidentes en los centros penitenciarios de Yucatán.
Estos datos colocan al estado en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a la cantidad de incidentes, solo superado por Chihuahua, que reportó 520 incidentes. El estudio indica que este incremento es notablemente alto en comparación con el censo del año anterior, pues en el estado solo se registraron 8 incidentes. Durante 2023 ocurrieron 3 094 incidentes en los centros penitenciarios y centros especializados del país; el 37.8% correspondió a riñas y el 58.5% a “otro tipo” de incidentes.
El resto se distribuye en daños a la infraestructura penitenciaria (1.0%), manifestación de inconformidades (0.8%), fuga o evasión (0.5%) y motines (0.2%), según el INEGI. Además, el informe revela que en Yucatán se presentaron 43 quejas o peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en 2023, un incremento respecto a las 37 quejas reportadas en 2022. A nivel nacional, se registraron un total de 51,188 quejas o peticiones en 117 centros penitenciarios y especializados. La mayor parte de estas quejas estuvo relacionada con la atención médica y/o psicológica, representando el 30% del total.
Le siguen las solicitudes sobre el suministro de bienes o artículos personales (13.6%) y la reinserción social, excluyendo los planes de actividades (10.5%). Además, el 8.9% de las peticiones se relaciona con la situación jurídica y los planes de actividades, mientras que el 3.2% se refiere a la reubicación, traslado y realización de trámites. En cuanto al flujo de ingreso, el censo muestra que en 2023 se admitieron 1,170 personas en las cárceles de Yucatán, de las cuales 1,053 eran hombres y 117 mujeres.
Este dato indica un flujo constante de internos, que sigue presionando los recursos y capacidades del sistema penitenciario estatal. PRESUPUESTO En 2023, el presupuesto ejercido por los centros penitenciarios y centros especializados en Yucatán alcanzó los 286.4 millones de pesos. Este monto contrasta significativamente con el presupuesto de la Ciudad de México, que fue de 4,478.6 millones de pesos, destacando una notable diferencia en los recursos asignados entre entidades federativas. A nivel nacional, en cuanto a la distribución de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios y especializados, se observa que la mayoría pertenece a pueblos indígenas Náhuat, con un 18%, seguido por los Zapotecos con un 9.3% y los Mazatecos con un 7%. Los de origen Maya constituyen el 1.2% del total.
En 202, los cuatro Centros de Reinserción Social en Yucatán obtuvieron una calificación promedio de 7.18 puntos de un total de 10 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, puntuación que fue superior a la media nacional de 6.75 y que representó un avance de casi dos puntos respecto al 2018.Con ese promedio, el estado se ubicó en la posición número 11 a nivel nacional y mejoró significativamente la calificación que obtuvo en 2018, cuando fue de 6.83 puntos, fruto de la preocupación del Gobierno del Estado de mejorar las condiciones en las que se tiene a las personas privadas de su libertad.
En esta ocasión, visitadores de las Comisiones Nacional (CNDH) y Estatal de Derechos Humanos (CODHEY) acudieron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida para realizar el análisis y evaluación de las condiciones de estancia e internamiento en este sitio, como parte de dicho Diagnóstico Nacional que se lleva a cabo anualmente en el país.Durante cinco horas, el personal de dichas instancias encargadas de velar por los Derechos Humanos recorrió las instalaciones, entrevistó a las personas privadas de su libertad y constó las condiciones en que viven en el Cereso, documentando cada uno de los temas y aplicando la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria.
Abraham Bote Tun