La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y consejeros de la Judicatura se pronunciaron por no apresurar la reforma judicial, evitar dilapidar lo construido y optar por un modelo de elección popular de jueces y ministros de manera escalonada.
Durante la apertura de los diálogos por la reforma judicial, la presidenta de la Corte y la Judicatura, Norma Piña, pidió que los cambios no sean discutidos con celeridad porque eso puede traer más problemas.
Pidió resolver las diferencias “en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así lo de una decisión ya tomada”.
Aseveró que “la Justicia no es una cuestión solo de leyes y tribunales, sino que involucra a todas las autoridades. La Justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial”.
Señaló que la reforma debe partir de “criticar partiendo con la verdad, con datos ciertos y responsabilidad de Estado”.
El ministro Jorge Mario Pardo se mostró en contra de la elección de jueces y magistrados por voto popular, pues la sustitución de más de mil 600 juzgadores, dijo, causaría un desequilibrio que pondría en riesgo el acceso a la justicia.
Propuso unas elecciones graduales y escalonadas conforme se vayan dando las vacantes en los tribunales y juzgados, para que exista una sinergia entre los juzgadoras electos por voto popular y los de carrera. Por su parte, la ministra Lenia Batres dio su respaldo al Plan C en su totalidad y apuntó que el Poder Judicial es “clasista, corrupto y parcial”, por lo que incluso presentó una propuesta para endurecer más los cambios y quitarle poder a la Suprema Corte, con impedirle revivir leyes abrogadas por el Legislativo o invalidar normas.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá indicó que la propuesta significaba politizar al Poder Judicial y rechazó la propuesta de elección por voto popular de los juzgadores.
La consejera de la Judicatura, Verónica de Gives, dijo que de aprobarse la elección judicial por voto popular, debía ser progresiva para no afectar a los órganos de justicia y pidió a los legisladores “ceder un poco” para evitar que los cambios sean drásticos y lesivos.
A su vez, el ministro Javier Laynez aseveró que no era la solución organizar comicios judiciales, pues se suprimiría la carrera judicial por personas con aptitudes para ganar votos, lo que agravaría los problemas de los juzgados y tribunales que, dijo, serían más propensos a la corrupción.
La ministra Yasmín Esquivel consideró que se debe escuchar el mandato de las urnas y ajustarse a la realidad política, pero se pronunció por una sustitución paulatina de los jueces y magistrados, aunque avaló la elección por voto de los ministros de la SCJN.
Juana Fuentes, directora de la asociación de jueces y magistrados federales, comentó que la propuesta va en contra de los derechos de los juzgadores y de apresurarse puede tener repercusiones en la paz social del país.
A su vez, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena alertó que una reforma “mal hecha” con una elección “mal diseñada” tendría un impacto negativo en la economía del país. Además, dijo que los beneficiarios de la elección de jueces y magistrados serían las personas “con poder y dinero” que los apoyaron para llegar a esos cargos.
Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjat, se posicionó en contra de eliminar la carrera judicial y manifestó que si uno de los señalamientos es que los jueces y magistrados carecen de dimensión social, existen alternativas como instaurar un servicio social obligatorio para los juzgadores, que por un año hagan trabajo jurídico a favor de las víctimas. También propuso partir de la elección de juzgadoras comunitarios para causar cívicas que podrían ser electos por sus vecinos.
El ministro Alberto Pérez Dayán refirió que la prisa no es buena consejera y alertó que los arrebatos son “dolorosos y socialmente costosos”.
José Alfredo Montalvo, consejero de la Judicatura, indicó que la reforma busca sustituir en automático a más de mil 600 juzgadoras federales y 5 mil locales, que han invertido de 15 a 20 años de su vida en preparare para ascender en el Poder Judicial, por lo que pidió valorar una transición ordenada y gradual.
A su vez, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Jesús Gilberto González, pidió que se diera prioridad a las personas con carrera judicial e hizo acusaciones contra los actuales jueces y magistrados, como que no atienden las denuncias por acoso laboral y sexual, paralizan la progresivad de los salarios.