Con mayoría de votos y un proceso legislativo acelerado, el Congreso del Estado dio luz verde a la reforma electoral conocida como “Plan B”, al aprobarla con 21 votos a favor y 13 en contra. La iniciativa fue respaldada por legisladores de la llamada Cuarta Transformación y Movimiento Ciudadano, mientras que el PAN votó en bloque en contra.
La discusión polarizó al pleno, pues, por un lado, quienes defendieron la reforma como un avance en materia de austeridad y control del gasto público; por otro, quienes advirtieron riesgos para el equilibrio democrático, el federalismo y la autonomía de las instituciones electorales.
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Larissa Acosta Escalante reconoció que la reforma “no resuelve de fondo los problemas de nuestra democracia” ni representa la transformación que el país necesita; sin embargo, justificó su voto a favor al señalar que “reducir privilegios y ponerle un límite al derroche nunca va a ser un error”.
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Aun así, aclaró que se trata de “una reforma pequeña para un país con problemas enormes”, ya que consideró que pone énfasis en la austeridad, pero deja de lado aspectos sustanciales de la vida democrática.
También cuestionó el gasto de los congresos locales frente a la realidad de millones de familias ante la disparidad entre presupuestos legislativos y las condiciones económicas de la población.
Debate sobre la austeridad y el gasto público
En contraste, el diputado del PAN, Roger Torres Peniche, calificó la reforma como el “residuo del Plan B”, pues para él, perdió su propósito original y terminó convertida en una modificación meramente administrativa.
Sostuvo que las reformas electorales deben surgir del consenso y no del poder, ya que de lo contrario representan un retroceso democrático. “No se trata de cuánto cuesta la democracia; si es efectiva, siempre será barata”, expresó.
En la misma línea, el legislador del PRI, Gaspar Quintal Parra, advirtió que la minuta presenta “simulación normativa” y posibles violaciones al federalismo, al permitir una injerencia indebida en las decisiones presupuestales de estados y municipios.
También alertó sobre riesgos a la autonomía municipal y a la independencia de los órganos electorales y opinó que limitar sus recursos puede traducirse en control político indirecto.
Visiones sobre el federalismo y la autonomía institucional
Por su parte, desde Morena, el diputado Alejandro Cuevas Mena defendió la reforma como parte del proceso de transformación nacional, ya que “fortalece la democracia y coloca al poder público al servicio de la ciudadanía”.
Destacó que el dictamen impulsa la austeridad, prohíbe el uso de recursos con fines de promoción política y ajusta la integración de los ayuntamientos bajo criterios de proporcionalidad.

