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Bajo el argumento de que criminalizar el VIH solo profundiza el estigma y aleja a las personas de los servicios de salud, la diputada de Morena, Clara Paola Rosales Montiel, presentó ante el Congreso del Estado un paquete de iniciativas enfocadas en transformar el enfoque legal y social sobre esta condición en Yucatán.
Desde tribuna, la legisladora planteó la derogación del artículo 189 del Código Penal de Yucatán, pues consideró que se trata de una disposición que criminaliza la condición de salud de quienes viven con el virus.
Dicho artículo establece sanciones para quien, sabiendo que padece una enfermedad grave y contagiosa, como una infección de transmisión sexual en fase infectante; y de forma intencional tenga relaciones sexuales o realice actos que pongan en riesgo de contagio a otra persona.
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Propuesta para derogar el artículo 189 del Código Penal
La normativa contempla penas que van de tres meses a tres años de prisión, además de la posibilidad de internamiento en un hospital. En caso de tratarse de una enfermedad incurable, la sanción puede ampliarse hasta ocho años de cárcel; y si además es mortal, la pena puede alcanzar hasta 15 años de prisión.
La diputada argumentó que este tipo de leyes, lejos de prevenir contagios, contribuyen a reforzar el estigma y la exclusión social. Por ello, busca que la legislación estatal se alinee con los estándares internacionales de salud pública y respeto a las garantías individuales de la población.
"Las leyes que castigan la exposición a infecciones de transmisión sexual no reducen los diagnósticos; por el contrario, generan miedo, diagnósticos tardíos y, en consecuencia, la pérdida de vidas que pueden evitarse", sostuvo la legisladora durante su intervención en el pleno.
Panorama del VIH en el estado de Yucatán
Rosales Montiel advirtió que Yucatán enfrenta una situación relevante en la materia, ya que se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional en nuevos casos de VIH. Esta realidad exige un cambio en la percepción jurídica para incentivar la detección oportuna entre los ciudadanos.
Según expuso, más de 13 mil personas viven con el virus en el estado, lo que obliga a replantear el enfoque de las políticas públicas hacia la prevención, la información y el acceso a servicios de salud de calidad sin temor a represalias legales por su condición.
Como parte de su propuesta, también planteó reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Yucatán, a fin de actualizar el lenguaje legal bajo un enfoque de derechos humanos y garantizar la protección integral de las personas con VIH en la entidad.
Reformas a la ley para prevenir la discriminación
Destacó la necesidad de salvaguardar la privacidad de los pacientes, respetar su orientación sexual e identidad de género, así como asegurar que reciban información veraz y trato digno en todos los ámbitos, incluidos el laboral y educativo, donde suelen presentarse mayores casos de exclusión.
Precisó que la responsabilidad de la prevención no debe recaer únicamente en las personas que viven con VIH, ya que consideró que esto perpetúa esquemas de segregación: "no es justo ni humano que la ley deposite toda la carga en ellas; eso no es justicia, es discriminación", puntualizó.
La legisladora también citó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen que vivir con VIH no convierte a una persona en un riesgo, por lo que insistió en la necesidad de armonizar el marco legal estatal con los principios constitucionales y los tratados internacionales.