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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Diego Rivera Navarro ("Diego N"), Juan Manuel "N" y Juan Gabriel "N". Estos sujetos enfrentan cargos por su supuesta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con el fin de realizar secuestros. Por este motivo, el Ministerio Público Federal (MPF), perteneciente a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), imputó los delitos correspondientes.
Al mismo tiempo, la defensa legal de los señalados aprovechó su derecho constitucional de solicitar la duplicidad del término. No obstante, el juez determinó que tanto Diego Rivera Navarro como Juan Gabriel "N" deben responder por el cargo específico de secuestro agravado. De esta forma, el proceso judicial avanza mientras los implicados permanecen bajo custodia de las autoridades federales competentes.
Por otra parte, la aprehensión de estos individuos ocurrió en el territorio de Jalisco como parte de una estrategia integral. En dicha movilización participaron elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en conjunto con la FGR. Asimismo, las fuerzas de seguridad estatales colaboraron estrechamente para asegurar el éxito del operativo y la captura de los sospechosos.
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Investigaciones sobre el alcalde de tequila y nexos criminales
Además de los cargos por secuestro, las autoridades vinculan al alcalde de Tequila con otros actos ilícitos graves. Informes de inteligencia relacionan a Diego Rivera Navarro, militante del partido Morena, con redes de extorsión en la zona. Igualmente, las indagatorias federales sugieren la existencia de posibles acuerdos o nexos operativos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Es importante recordar que el edil protagonizó conflictos económicos severos durante su administración municipal el año pasado. Específicamente, en mayo de 2025, el funcionario ordenó el cierre de la planta productora de José Cuervo. Tal decisión afectó a la empresa que sostiene el primer lugar en producción de tequila a nivel global.
Consecuentemente, la clausura de este recinto con más de 250 años de historia generó diversas tensiones políticas y empresariales. Por consiguiente, el Ministerio Público Federal analiza si estas acciones administrativas guardan relación con las actividades de delincuencia organizada imputadas. Las autoridades continuarán con el desahogo de pruebas para esclarecer la participación de los detenidos en los delitos señalados.