El emblemático cantante español Julio Iglesias, ícono mundial con más de seis décadas de carrera y ventas que superan los 300 millones de discos, se encuentra en el centro de una de las mayores polémicas de su trayectoria, y no por música, sino por acusaciones graves de agresión sexual y abuso de poder que han sacudido redes y medios internacionales esta semana.
El pasado 5 de enero se presentó ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España una denuncia formal contra Iglesias de presuntos delitos de agresión sexual, acoso laboral y trata de seres humanos, interpuesta por dos exempleadas que trabajaron en sus mansiones en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas).
Según las acusaciones difundidas por una investigación periodística conjunta de elDiario.es y Univision Noticias, las mujeres (una empleada doméstica y una fisioterapeuta) relatan que, en 2021, Iglesias habría ejercido tocamientos y actos sexuales no consentidos, además de someterlas a ambientes de control extremo, jornadas laborales excesivas y restricciones a su libre movimiento.
Los testimonios detallan episodios en los que una de las trabajadoras afirma haber sido llamada repetidamente a la habitación del artista y haber sufrido agresiones físicas y sexuales. Ambas denunciantes afirmaron que las condiciones laborales y personales eran denigrantes e implicaban un clima de intimidación.
La denuncia no se limita a delitos sexuales: organizaciones como Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional han acompañado el caso y señalan que varios hechos denunciados podrían constituir al human trafficking con fines de trabajo forzado y servidumbre, además de violaciones a derechos laborales básicos.
Las reacciones políticas y sociales han sido inmediatas. El Gobierno español ha expresado su intención de llevar la investigación “hasta el final” y de no dejar espacio a la impunidad, mientras que hay llamados desde partidos de izquierda para retirar honores públicos otorgados a Iglesias, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o títulos honoríficos en Andalucía y Málaga.
Sin embargo, también ha habido voces que han generado controversia al defenderlo. Figuras como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, han rechazado que se retiren distinciones, argumentando que no contribuyen al desprestigio del artista universal que es Julio Iglesias.
Hasta el momento, Iglesias no ha hecho ninguna declaración pública sobre las acusaciones ni ha refutado oficialmente los hechos. Su entorno, según medios españoles, estaría “preocupado” por el impacto que estas denuncias han tenido en la imagen internacional del cantante.
Este caso marca un momento delicado en la vida de uno de los artistas latinos más icónicos de todos los tiempos y abre un debate intenso sobre cómo la fama puede ocultar dinámicas de poder que emergen décadas después bajo la lupa de la justicia y la opinión pública.