Autoridades del Poder Judicial del Estado de Yucatán y mujeres integrantes de la colectiva Ley Sabina contra Deudores Alimentarios Yucatán iniciaron una serie de reuniones de trabajo para revisar casos de pensión alimenticia que ya se encuentran judicializados, con el objetivo de contribuir a su resolución y priorizar la protección de los derechos de las infancias.
Revisión de casos judicializados
Las mesas de trabajo buscan dar seguimiento a expedientes en materia familiar relacionados con el incumplimiento de obligaciones alimentarias, con un enfoque centrado en niñas, niños y mujeres afectadas por estos procesos legales.
Además, este ejercicio pretende fortalecer la coordinación institucional y generar mecanismos que permitan atender de forma más eficaz las problemáticas derivadas de los deudores alimentarios en Yucatán.
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Encuentro con representantes de la colectiva
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, recibió a representantes de la colectiva, entre ellas Maelvy Adriana Tun Góngora, Pamela Alejandra Magaña Castro, Nahaibi Mayté Cetina Magaña, Karla Andrea Vázquez Vega, Yajaira Agustina Cardona Te, Evelyn Salomé Vázquez Caamal y Rocío Siloé Fuentes Cardeña.
Durante el encuentro, las integrantes expusieron diversas inquietudes relacionadas con sus procesos legales y la falta de cumplimiento de las resoluciones en materia de pensión alimenticia.
Compromiso del Poder Judicial
En su intervención, Torres López señaló que, como madre trabajadora, comprende la carga que enfrentan muchas mujeres cuando no reciben el apoyo de quien tiene la obligación legal de proporcionar alimentos.
“Como madre trabajadora, conozco la carga que enfrentan las mujeres, especialmente cuando no cuentan con el apoyo de quien tiene la obligación legal de proporcionar alimentos”, expresó, al reiterar el compromiso institucional de coadyuvar, dentro de sus facultades y con pleno respeto a la ley, en la atención de estas problemáticas familiares.
La reunión se realizó en la Sala de Usos Múltiples del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (Ciospoa) y tuvo una duración aproximada de dos horas.
Durante este tiempo, la magistrada presidenta escuchó las experiencias de violencia vicaria, física, psicológica, económica e institucional que enfrentan las mujeres integrantes de la organización, así como las afectaciones que viven junto con sus hijas e hijos.
Seguimiento institucional a los expedientes
En este contexto, Torres López instruyó que los casos y expedientes radicados en los juzgados del Poder Judicial del Estado sean revisados a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes.
Asimismo, se designó al titular de dicha unidad como enlace institucional con la colectiva Ley Sabina, con el propósito de dar seguimiento puntual a los asuntos planteados.
La magistrada presidenta informó que estas reuniones de trabajo tendrán continuidad y que, de manera paralela, se fortalecerá la comunicación con las instancias vinculadas a la procuración e impartición de justicia.
El objetivo consiste en garantizar el acceso efectivo a la justicia y reforzar la protección de los derechos de las infancias, mediante acciones coordinadas entre el Poder Judicial y los organismos relacionados.