Luego de afectaciones reportadas por vecinos debido a la emisión constante de polvo y partículas que afectaban la salud, autoridades lograron el cese total de operaciones de la calera Mayacal, ubicada en Cholul, comisaría de Mérida.
La suspensión se concretó luego de que residentes denunciaran, desde 2024, afectaciones por la planta. La población había intensificado sus manifestaciones mediante plantones y caravanas para visibilizar el problema generado por la industria, que operaba desde 1950 en el lugar.
No obstante, a partir del año 2000 comenzaron a otorgarse permisos de construcción a desarrolladoras, convirtiendo el entorno en área habitacional, donde se establecieron diversas privadas residenciales.
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Acciones gubernamentales y acuerdo con la empresa
A través de un comunicado, el gobernador Joaquín Díaz Mena dio a conocer que se logró frenar por completo el funcionamiento de la calera, como resultado de acciones coordinadas de inspección, vigilancia, diálogo y aplicación de la normatividad ambiental.
El mandatario explicó que este resultado fue posible tras un acuerdo con representantes de la empresa, orientado a la protección ambiental y al respeto de los derechos de la comunidad, con el objetivo de concretar la suspensión definitiva de actividades.
Proceso administrativo y cierre voluntario
El subsecretario de Planeación para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), José Luis González Pérez, explicó a 24 HORAS Yucatán que el cierre fue resultado de un proceso que inició a partir de inconformidades presentadas por habitantes de la zona desde hace un par de años, las cuales no habían sido atendidas de manera adecuada en su momento.
“Todo empieza con una serie de denuncias e inconformidades por parte de grupos sociales de esa zona de Cholul. Como SDS realizamos inspecciones, levantamos un acta, se abrió un procedimiento administrativo y, gracias a la gestión del gobernador, se logró un acuerdo con la empresa y el sector social”, detalló.
Derivado de ese proceso, continuó, la SDS suscribió una carta de intención con el grupo empresarial propietario de la calera mediante la cual se estableció el cese total de actividades a más tardar el 31 de diciembre de 2025.
González Pérez precisó que no se trató de una clausura judicial, sino de un cierre voluntario, tras una serie de recomendaciones técnicas y medidas correctivas emitidas por la dependencia.
Durante las visitas de inspección, expuso, la SDS ordenó a la empresa cumplir con diversas acciones en materia de residuos y manejo ambiental, otorgándole un plazo de 15 días hábiles para acreditar su cumplimiento. Aunque algunas medidas fueron atendidas, otras relacionadas con emisiones a la atmósfera, al tratarse de fuentes fijas, corresponden a competencia federal, por lo que el caso fue turnado a la autoridad competente.
Seguimiento, monitoreo y relación con la comunidad
Para garantizar que el cierre se concrete, el subsecretario informó que se establecerán mecanismos de seguimiento y monitoreo. “Vamos a generar visitas constantes para acompañar el desalojo total de la calera. Ya se están desmantelando los hornos y tenemos evidencia fotográfica del avance”, señaló.
En cuanto a la relación con las y los vecinos, González Pérez aseguró que se mantuvo comunicación permanente, particularmente con representantes de la comunidad, quienes expresaron su conformidad con el proceso. “La gente está muy agradecida con el gobierno del estado; se les ha informado puntualmente y se les ha dado seguimiento”, indicó.
Sobre el futuro del predio, aclaró que no se reinstalará la calera en ese sitio. Cualquier nuevo uso del terreno deberá apegarse estrictamente a la normatividad vigente, mientras que una eventual reubicación de la empresa, de darse, tendría que contar previamente con la autorización de las autoridades ambientales y ubicarse en una zona compatible.
Impacto ambiental y calidad del aire en Mérida
Desde la perspectiva ambiental, el biólogo Salvador Castell, director de la asociación Va por la Tierra, consideró acertada la decisión del gobierno estatal de privilegiar un cierre voluntario antes que un largo proceso judicial, aunque reiteró la importancia de dar seguimiento técnico a los impactos.
“El proceso de los hornos en caleras y cementeras emite gases de efecto invernadero como CO2 y óxidos nitrosos, además de partículas finas que están correlacionadas con padecimientos respiratorios e incluso enfermedades crónicas”, explicó.
Castell destacó que una ventaja de las fuentes fijas es que, una vez que cesan operaciones, la emisión de contaminantes se detiene, lo que permite una mejora relativamente rápida en la calidad del aire. Sin embargo, consideró necesario realizar monitoreos para conocer el nivel de partículas depositadas en las zonas aledañas y evaluar posibles procesos de remediación.
El especialista también contextualizó la situación de Yucatán, al señalar que Mérida figura entre las ciudades con mayor emisión de gases provenientes de fuentes fijas, pese a no ser altamente industrializada: “tenemos pocos puntos de monitoreo de calidad del aire y el único constante es el de la SDS. El primer paso es saber realmente cómo estamos, y eso solo se logra midiendo”.
Aun así, reconoció que la geografía del estado favorece la dispersión de contaminantes, a diferencia de ciudades ubicadas en valles, donde se presentan contingencias ambientales más severas. No obstante, detalló que la legislación actual, incluida la responsabilidad ambiental extendida y el principio de precaución, obliga a las empresas a demostrar que no están contaminando.
Castell anticipó que, con el enfoque de derechos humanos y las nuevas disposiciones legales, se espera un mayor control sobre industrias altamente contaminantes, ya sea mediante clausuras o la implementación de tecnologías que reduzcan emisiones.