La detención de Nicolás Maduro desencadenó una respuesta inmediata en América Latina y Europa. México, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España emitieron un posicionamiento conjunto ante la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela, subrayando su apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
El comunicado expresó preocupación por cualquier intento externo de controlar, administrar o apropiarse de recursos naturales estratégicos, advirtiendo que ello representa una amenaza para la estabilidad política, económica y social de la región.
Rechazo a acciones militares y defensa de la soberanía
Los gobiernos señalaron su profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano.
Advirtieron que tales decisiones contravienen principios básicos del derecho internacional, entre ellos la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados.
Estas acciones —indicaron— abren un precedente peligroso para la paz y ponen en riesgo a la población civil.
'La detención de Nicolás Maduro debe resolverse por vías pacíficas'
En su posicionamiento, los países firmantes insistieron en que la situación debe resolverse exclusivamente mediante diálogo, negociación y respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas.
Reafirmaron que solo un proceso político inclusivo, liderado por los propios ciudadanos de Venezuela, puede derivar en una salida democrática y sostenible.
América Latina y el Caribe, zona de paz
Los gobiernos recordaron que América Latina y el Caribe han sido construidas como una zona de paz, basada en el respeto mutuo y la solución pacífica de controversias.
Pidieron unidad regional frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad y solicitaron a la ONU intervenir con buenos oficios para desescalar tensiones.
Postura presidencial y llamado al respeto del derecho internacional

Tras la incursión que culminó con la captura del mandatario venezolano, se reiteró el principio de que el respeto al derecho ajeno es la paz, haciendo referencia a los valores históricos de la región.
El posicionamiento también citó el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe recurrir al uso de la fuerza contra la integridad política de cualquier Estado.

