La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró este 26 de diciembre diversas actividades de desmonte en el municipio de Kanasín, Yucatán. La intervención ocurrió tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la fragmentación de un ecosistema de selva baja caducifolia.
Por consiguiente, las autoridades detectaron que las labores en el predio carecían de las autorizaciones ambientales obligatorias. El área afectada comprende una superficie total de 23 hectáreas, donde se realizaba remoción de vegetación sin supervisión federal.
Inspección federal en granjas avícolas de la Hacienda Teya
Personal de la Profepa en Yucatán ejecutó una visita de inspección los días 3 y 4 de diciembre en los predios Granjas Avícolas Bachoco Teya 5 y Teya 6. Durante la diligencia, los inspectores confirmaron que el sitio se ubica dentro de la Hacienda Teya, una zona de alto valor ecológico.

Asimismo, el informe técnico señala un riesgo inminente de desequilibrio ecológico debido a la remoción masiva de flora nativa. Como resultado del crecimiento urbano desmedido en la región, se han propiciado cambios de uso de suelo en terrenos forestales de manera irregular.
En consecuencia, la empresa responsable no presentó la documentación emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La falta de permisos en materia de impacto ambiental representa una violación directa a la normativa para obras en ecosistemas forestales.
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Riesgos para la fauna amenazada y clausura temporal
Además del suelo expuesto, los peritos identificaron la presencia potencial de la iguana rayada (Ctenosaura similis). Esta especie se encuentra catalogada como Amenazada bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que exige protección inmediata del hábitat.

Por lo tanto, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura temporal total en una extensión de 230,791 metros cuadrados. Las autoridades colocaron sellos oficiales en los accesos de ambas granjas avícolas para impedir la continuación del desmonte ilegal.
Finalmente, la dependencia federal mantendrá vigilancia en la zona y evaluará nuevas visitas de inspección. El objetivo central es garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y frenar los asentamientos humanos irregulares que afectan la selva yucatec

