En cualquier política progresiva, el transporte público es uno de los rubros donde más se requiere la aportación del sector privado, consideran expertos en movilidad.
En el marco del análisis del Paquete Económico 2025 del Gobierno del Estado y que la presidenta del CCE en Yucatán, Claudia González Góngora, afirmara que este servicio "no debe recaer en el sector empresarial", el Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida consideró que el transporte público requiere de la aportación de los sectores con mayores ingresos.
Recordó que toda la ciudadanía —incluido el sector empresarial— debe cargar también con los costos de infraestructura vial como la pavimentación de calles, el mantenimiento del Anillo Periférico y la construcción de distribuidores viales.
"Estos gastos", indicaron, "funcionan como ‘subsidios ocultos’ al automóvil, que terminan beneficiando principalmente a quienes poseen vehículos particulares", señaló el representante del Observatorio, Eduardo Monsreal Toraya.
La columna vertebral de la movilidad
La organización civil que trabaja por una movilidad urbana sostenible, afirmó que hablar del transporte público no es poca cosa, ya que lo definió como "la columna vertebral de la movilidad de toda la zona de Mérida y su área metropolitana", por lo que se debe reforzar las estrategias para dar un mejor servicio, y así desincentivar el uso de automóviles o transporte privado.
El secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Juan Sánchez Álvarez, ha señalado que el proyecto de aumento al Impuesto Sobre Nómina es una medida progresiva y que no representa una carga para las y los trabajadores; por el contrario, lo recaudado los beneficia directamente.
Aseguró que los recursos obtenidos de este impuesto se destinarán principalmente al subsidio del transporte público Va y Ven, utilizado diariamente por miles de trabajadores para llegar a sus centros de trabajo propiedad del empresariado, y poder con ello mejorar el desastre financiero que existe en la Agencia de Transporte actualmente.
Viabilidad del aumento al ISN
Monsreal Toraya señaló que el planteamiento del gobierno para elevar el ISN de 3% a 3.75% resulta adecuado, pues de no aplicarse se trasladaría al pasajero la carga de financiar mejoras en el transporte público mediante un incremento en la tarifa.
Según explicó, esa alternativa no es viable, ya que generaría efectos más graves, entre ellos que una parte de la población opte por utilizar vehículo particular y, por los costos actuales, crezca aún más la cantidad de motocicletas en circulación, un segmento que ya presenta diversas dificultades.
Te puede interesar:
"Una solución fácil para muchas personas cuando se habla de un aumento a la tarifa del pasaje es irse a comprar una moto, esto puede traer efectos sumamente dañinos como ya hemos visto de mortalidad por siniestros viales de motociclistas", advirtió.
Estrategias globales de movilidad
El auditor en seguridad vial René Flores Ayora explicó que en diversas naciones desarrolladas se aplican recargos por el ingreso de vehículos particulares y transporte público a los centros históricos, así como gravámenes adicionales para industrias que generan mayores niveles de emisiones contaminantes. Estas acciones, dijo, buscan incentivar un uso más racional del automóvil y promover alternativas menos contaminantes.
Flores Ayora añadió que estrategias recaudatorias aplicadas en otras ciudades del país, como los parquímetros, también podrían funcionar en Mérida como instrumentos para ordenar el uso del espacio público y financiar proyectos de movilidad sustentable.
"Son herramientas que, bien implementadas, no solo ordenan el estacionamiento, sino que generan recursos para infraestructura peatonal, ciclista y de transporte", puntualizó.
Inversión colectiva y responsabilidad
El Observatorio concluyó que, si se busca una movilidad verdaderamente sostenible, el financiamiento del transporte público no debe verse como una carga injusta, sino como una inversión colectiva que requiere mayor participación de los sectores que más contribuyen a la congestión y la contaminación. Enfatizaron que hablar de progresismo en movilidad implica, necesariamente, que quienes más se benefician del uso del automóvil también aporten más al sistema.
Con este intercambio de posturas, el debate sobre la movilidad sostenible y la responsabilidad financiera vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública en Mérida, a las puertas de decisiones que podrían redefinir el modelo de transporte para los próximos años.
Llamado a la corresponsabilidad
El gobernador Joaquín Díaz Mena exhortó al sector empresarial a ser corresponsables con el Estado y respaldar los proyectos de los que también obtienen beneficios. Recordó que en la propuesta presupuestal se contemplan 3 mil 167 millones de pesos para obras destinadas a mejorar no solo las principales vialidades, sino también zonas habitacionales, comisarías y demarcaciones del interior. Incluye pavimentación, suministro de agua potable, caminos rurales, planteles en condiciones adecuadas, centros comunitarios, infraestructura formativa y un sistema de movilidad más ordenado.