El Gobierno del Renacimiento Maya emitió un mensaje para aclarar las inquietudes surgidas en torno al Paquete Económico 2026, reiterando su respeto al sector empresarial y subrayando que no se crearán nuevos impuestos ni regresará la tenencia vehicular. La administración estatal enfatizó que el presupuesto, superior a los 66 mil millones de pesos, está diseñado con una visión de justicia social para devolver cada peso recaudado en beneficios directos para la ciudadanía.
Un ajuste fiscal progresivo y justo
Ante las dudas expresadas por el Consejo Coordinador Empresarial, el Ejecutivo estatal explicó que la actualización del Impuesto Sobre Nómina (ISN), que pasará del 3% al 3.75%, obedece a un esquema progresivo. De acuerdo con las cifras oficiales:
- Solo el 4% de las empresas (las de mayor capacidad económica) cubrirán el aumento completo.
- El 96% restante, correspondientes a micro y pequeñas empresas, accederá a estímulos fiscales que mitigarán el impacto y protegerán su estabilidad financiera.
"Quienes tienen mayor fortaleza económica aportan un poco más para que las pequeñas empresas continúen generando empleos y oportunidades", señaló el comunicado oficial, asegurando que esta medida no afectará la competitividad del estado ni la inversión.
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Destino de los recursos: Subsidio al transporte
El Gobierno garantizó que los recursos adicionales obtenidos por este ajuste se destinarán exclusivamente al subsidio del transporte público Va y Ven, utilizado diariamente por miles de trabajadores. Esta decisión busca evitar un aumento en las tarifas del pasaje, protegiendo así la economía de las familias yucatecas que dependen de un servicio digno y accesible para trasladarse a sus centros laborales.
Además del transporte, el presupuesto 2026 prioriza rubros esenciales con inversiones históricas: más de 6 mil millones en programas sociales, una cifra similar para salud, más de 3 mil millones en infraestructura urbana y 4 mil 700 millones para mantener la seguridad que distingue a la entidad.
Finalmente, la administración reiteró su apertura permanente al diálogo con el sector privado, pero dejó claro que el bienestar de las familias más vulnerables será siempre la prioridad en la toma de decisiones públicas.