por Adrián Trejo

Si usted es militante o simpatizante del PAN, PRI o lo que queda del PRD, perdió su derecho a manifestarse, de acuerdo con la interpretación de las autoridades federales a las protestas de transportistas y productores del campo.

Igual pasó con la marcha del 15 de noviembre pasado, convocada por la llamada Generación Z, descalificada porque, según las autoridades, estuvo patrocinada por el PRIAN.

Esta descalificación a priori desvía la atención de lo fundamental: los problemas que llevaron a las protestas y manifestaciones: la rampante inseguridad en las carreteras del país y la desprotección del campo mexicano.

Ignorar no resuelve estos problemas y solo hace que los trabajadores afectados se sientan más agraviados.

¿Importa si son simpatizantes o militantes de algún partido de oposición? ¿Si lo son, perdieron sus derechos ciudadanos a la manifestación y la protesta? ¿Los reclamos carecen de autoridad moral y por lo tanto deben estar siempre bajo sospecha?

¿Hay un catálogo de manifestantes, de primera, segunda y tercera categoría?

Y la marcha de los feministas de hoy, ¿también tiene patrocinio opositor?

Si algo se le criticó a López Obrador en todo el sexenio fue su soberbia al no reconocer los errores que cometía con cada ocurrencia y que hoy todos, incluso la presidenta Claudia Shienbaum, estamos pagando.

Un poco de empatía con los manifestantes habría destensado el ambiente; bajarle dos rayas a la autocomplacencia y aceptar que, si en efecto se avanza en materia de seguridad reduciendo los homicidios dolosos, en el tema de inseguridad en las carreteras falta mucho, mucho por hacer.

En el tema del campo, el gobierno ya dejó en claro que no puede pagar los 7,200 pesos por tonelada de maíz que demandan los productores ni comprar toda la cosecha del próximo ciclo primavera-verano.

Algunas organizaciones de productores estuvieron de acuerdo con el subsidio de 950 pesos que ofreció el gobierno otras lo rechazaron pero lo que ha unificado a todos los productores, no solo de maíz sino de todos los granos básicos, leguminosas, frutas y ganaderos, es la negativa a aceptar en sus términos la nueva Ley General de Aguas que se discute en San Lázaro.

Ayer Ricardo Monreal dejó entrever que la iniciativa presidencial se modificará, pero esas declaraciones hay que tomarlas con muchas reservas.

Lo mismo dijo sobre la retroactividad de la nueva Ley de Amparo, que se “corregiría’’ y ya vimos el bodrio que se inventó la fracción morenista para hacer cumplir el mandamiento presidencial.

Lo que sí hizo bien Monreal, fue no descalificar a transportistas y productores, antes bien se solidarizó con sus causas y los llamó al diálogo.

Un poco de empatía gubernamental podría evitar que el caos que se vivió ayer en el Bajío, el norte y el centro del país vuelva a ocurrir, sin importar que los protestantes sean de la oposición y, por ende, tratados como ciudadanos de segunda  o tercera clase.

Mal la pasó el gobernador de Oaxaca (es un decir) Salomón Jara, durante la gira presidencial del fin de semana.

Jara, quien intentó modificar la constitución local para cambiar las reglas de la consulta de revocación de mandato (a su favor, desde luego), tuvo que tragar gordo cuando en Juchitán una parte importante de los presentes en el mitin que presidía Sheinbaum, comenzaron a gritar ¡fuera Claudia! ¡Fuera Claudia!

Y eso que se trataba de personas previamente seleccionadas por los líderes de Morena y los funcionarios municipales, es decir, que se trataba de un escenario controlado.