Diputadas y diputados del Congreso de Yucatán aprobaron importantes reformas al Código Penal del Estado durante la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 25N. Las y los legisladores fortalecieron las sanciones contra la violencia sexual en el ámbito íntimo, fenómeno que afecta con mayor fuerza a comunidades rurales e indígenas, donde las víctimas enfrentan múltiples barreras para denunciar.
Pleno aprueba sanciones más estrictas
En Sesión del Pleno, la aprobación surgió por unanimidad, lo que reflejó una postura firme frente a los delitos que afectan a mujeres y niñas. El dictamen incluyó propuestas de morena, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y una diputada sin partido. Entre los cambios más destacados se encuentran penas más severas por violación conyugal y sentimental, ciberacoso, ciberacoso sexual y la tipificación del acecho como delito, avances que fortalecen la protección legal.
Durante su intervención, la diputada de morena, Claudia Estefanía Baeza Martínez, afirmó con contundencia que el matrimonio, el concubinato o una relación sentimental no representan licencia para violentar. También subrayó: “Ninguna mujer pierde sus derechos por tener pareja, nadie tiene derecho sobre su cuerpo, su voluntad o su dignidad”. Además, indicó que el delito se perseguirá por querella y también de oficio cuando exista un riesgo evidente para la víctima.
La legisladora añadió: “Esta reforma no es para estadísticas, es para y por las mujeres que hoy están vivas y por las que ya no están para contarlo”, mensaje que recibió el respaldo de diversas bancadas.
Reforma fortalece protección en comunidades indígenas
Por su parte, la diputada sin partido, Rosana de Jesús Couoh Chan, destacó que las reformas armonizan el Código Penal con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado y con la normativa federal. Explicó que estos cambios permiten superar barreras territoriales, culturales y de acceso a servicios, lo que, por lo tanto, mejora la capacidad del Estado para responder en comunidades indígenas.
El dictamen también detalló el concepto de ciberacoso sexual infantil, y lo consideró imputable a quien utilice coacción, intimidación, inducción, seducción o engaño mediante tecnologías para comunicarse con una persona menor de 18 años o alguien sin capacidad de comprender los hechos. Además, la reforma adecuó el delito de ciberacoso a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que garantiza mayor claridad jurídica.
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Congreso incorpora el acecho como delito y endurece penas por abigeato
El Pleno definió que el acecho se perseguirá por querella, con penas de prisión y multas para quienes vigilen, persigan, monitoreen u observen de forma invasiva a una víctima, o utilicen su información personal sin consentimiento. Este avance resultó clave, ya que el acecho figura entre los comportamientos que anteceden a violencias más graves.
Durante la misma sesión, diputadas y diputados aprobaron penas más firmes contra el abigeato. El diputado Wilmer Monforte Marfil explicó que las reformas actualizan tipos penales, incorporan el robo de colmenas, equipos agrícolas y material apícola, y sancionan a quienes comercien, adquieran o transporten abejas, panales o miel robados. El legislador puntualizó que el robo de ganado afecta directamente la economía y seguridad de las comunidades rurales, por lo que resultaba urgente fortalecer la legislación.
Avances en justicia administrativa y participación ciudadana
Además, el Congreso avaló ajustes a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y a la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública. Estos cambios garantizan una transición jurídica ordenada y mantienen vigentes los procesos iniciados antes del decreto.
También aprobaron la convocatoria dirigida a instituciones educativas y centros de investigación para seleccionar un cargo honorario en la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. En Asuntos Generales, el diputado José Julián Bustillos Medina presentó una iniciativa para garantizar condiciones dignas para los animales utilizados en calesas turísticas, mediante certificaciones de salud, supervisión y sanciones.