Aunque Yucatán se consolidó en 2024 como el estado con mayor presencia de mujeres juzgadoras en el país (con un 71.2% del total de jueces, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2025 del Inegi).
Este avance numérico no garantiza una impartición de justicia con perspectiva de género, advirtió la abogada Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse).
De acuerdo con el informe del Inegi, Yucatán cuenta con 59 personas juzgadoras, de las cuales 42 son mujeres y 17 hombres, siendo la proporción femenina más alta del país, muy por encima del promedio nacional del 44.8%. No obstante, en el Tribunal Superior de Justicia, la brecha se amplía: solo 6 de las 14 magistraturas (42.9%) están ocupadas por mujeres.
“Ser mujer no garantiza perspectiva de género”
Para Ojeda Sosa, estos datos reflejan décadas de lucha del movimiento feminista por abrir espacios a las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones, una causa fortalecida desde los años ochenta y sustentada en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), así como en la incorporación de la paridad de género como mandato constitucional en México.
“Es importante reconocer que haya más mujeres en puestos clave dentro del Poder Judicial. Habla de un cambio histórico en la representación femenina en espacios donde se define el acceso a la justicia. Sin embargo, eso no significa necesariamente que exista una justicia con enfoque de género o de derechos humanos”, señaló.
La abogada aclaró que ser mujer no garantiza que se impartan sentencias con una visión de igualdad, interseccionalidad o sensibilidad hacia los contextos de violencia que enfrentan otras mujeres.
Paridad formal, fondo pendiente
“No podemos quedarnos con la idea de que, por haber más mujeres, la impartición de justicia será mejor. Se necesita capacitación continua, actualización y evaluación real sobre cómo se están resolviendo los casos”, insistió.
Ojeda Sosa advirtió que, en ocasiones, el cumplimiento formal de la paridad se traduce en nombramientos de mujeres “cómodas” al sistema, es decir, aquellas que no cuestionan las estructuras patriarcales del poder judicial. “Eso también es una forma de disfrazar la igualdad, porque se cumple con el número, pero no se transforma el fondo”, apuntó.
Capacitación y políticas de cuidado
La especialista de Unasse recalcó que para avanzar hacia una justicia verdaderamente equitativa se requiere fortalecer los procesos de formación en temas como perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, tanto para juezas como para jueces.
“Las mujeres que llegan a estos espacios deben estar preparadas; y quienes ya están deben tener procesos permanentes de formación que les permitan mejorar su quehacer jurisdiccional”, añadió.
Ojeda Sosa destacó que las instituciones judiciales también deben aplicar políticas de cuidado corresponsables, pues muchas de las mujeres que trabajan en el Poder Judicial enfrentan una doble carga de trabajo: la profesional y la doméstica.
“Es fundamental que las instituciones entiendan las necesidades de las mujeres que trabajan en ellas. Deben existir políticas que les permitan cumplir con sus responsabilidades familiares sin sacrificar su vida personal o profesional”, explicó.
Más allá de las cifras
La abogada precisó que la paridad no debe limitarse a una cifra, sino traducirse en condiciones reales de igualdad dentro de las instituciones, y en un sistema de justicia sensible a las problemáticas que viven las mujeres en la sociedad.
“Que haya más mujeres juzgadoras es un paso importante, pero la verdadera transformación llegará cuando esas mujeres y los hombres también tomen decisiones con perspectiva de género, con sensibilidad ante las desigualdades y con un compromiso real hacia la justicia para todas las personas”, concluyó.