Desde la calle, la escuela y el transporte público, hasta los centros de trabajo, el acoso, en sus distintas modalidades.
Sigue siendo una realidad en Yucatán y un reto para las autoridades, advierten organizaciones civiles que atienden a las víctimas.
Indican que, aunque las reformas legales han ampliado las figuras penales para combatir estas conductas, la mayoría de las agresiones no se denuncian, lo que dificulta dimensionar la magnitud real del problema.
“Sigue siendo una vivencia común”
Kelly Ramírez Alpuche, directora de la asociación Igualdad Sustantiva Yucatán, una organización transfeminista yucateca interseccional, advirtió que el acoso “sigue siendo una vivencia común, sobre todo entre personas jóvenes y con discapacidad”; y que, aunque se habla más del tema, las denuncias formales siguen siendo escasas.
“Mayormente realizamos acciones de prevención en escuelas secundarias, sobre todo enfocadas en el ciberacoso”, explicó en entrevista.
Datos oficiales
En lo que va de 2025, con corte a septiembre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha registrado 173 llamadas relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual.
Durante este año, el Secretariado ha registrado 156 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, de los cuales 17 han sido por acoso sexual y uno por hostigamiento sexual. También se documentan 94 abusos sexuales y 43 violaciones simples.
Casos recientes y panorama nacional
El reciente episodio de acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México, cuando un hombre la tocó indebidamente durante una caminata pública, volvió a poner el tema en la agenda nacional.
En tanto, en Yucatán, una joven narró en redes sociales un caso de hostigamiento en el transporte público.
Actualmente, 25 entidades reconocen el acoso y hostigamiento sexual como delito, tipificado en sus códigos penales.
Las penas van de tres días a cinco años de prisión, sin que en ningún caso amerite prisión preventiva oficiosa.
En contraste, siete estados aún no lo han tipificado.
En entidades como Aguascalientes, Baja California, Colima y Tlaxcala, el acoso solo se contempla como agravante de otros delitos.
El marco legal en Yucatán
En Yucatán, el marco normativo que sanciona estas conductas está contenido en el Código Penal del Estado, con penas que varían según la gravedad del acto e incluyen prisión, multas o trabajo comunitario.
También hay agravantes cuando la víctima es menor de edad, existe abuso de autoridad o intervienen varios agresores.
El artículo 308 sanciona el hostigamiento sexual con 3 a 6 años de prisión y de 200 a 500 días de multa.
El artículo 308 Bis regula el acoso sexual, con 2 a 4 años de prisión y 100 a 500 días de multa, aumentando la pena si la víctima es menor de 15 años o está en indefensión.
El artículo 309 define el abuso sexual con sanción de 6 a 10 años de prisión, y el artículo 310 agrava el castigo hasta 20 años de prisión si la víctima es menor o incapaz.
El artículo 316 establece agravantes generales, como cuando el delito es cometido por dos o más personas, mediante drogas o sin consentimiento.
Obstáculos en la denuncia
Sin embargo, en la práctica, la aplicación de estas penas es irregular.
Las carpetas suelen cerrarse por falta de pruebas o desistimientos, y las víctimas terminan abandonando el proceso ante la falta de acompañamiento y miedo a la revictimización.
Violencia y acoso en las escuelas
Kelly Ramírez informó que cada primer jueves de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, que incluye casos de violencia sexual y digital.
“Desde 2022 se han reportado cerca de 900 casos de bullying en Yucatán, y en promedio seis personas al mes sufren algún tipo de acoso”, detalló.
Ramírez señaló que en los planteles los casos más comunes son burlas, apodos, agresiones físicas y daños materiales, aunque también existen formas más graves de acoso sexual normalizadas como “juegos” entre estudiantes.
“Antes se veía como algo inofensivo, pero cuando hablamos de consentimiento, tocamientos sin permiso o frotamientos, ya no puede considerarse un juego: es acoso”, recalcó.
Otras formas de acoso
La organización también recibe reportes de acoso callejero, laboral y violencia digital. “Nos llegan casos de mujeres acosadas en el transporte público o la calle. A veces no buscan una denuncia formal, sino visibilizar lo que les pasó.
También hemos acompañado casos de ciberacoso en universidades, donde se comparten fotos sin consentimiento o se hacen memes con inteligencia artificial.
Eso también es violencia y debe regularse”, señaló.
Falta confianza institucional
Ramírez añadió que, aunque existen protocolos y líneas de atención impulsados por la SEP, el miedo a represalias y la falta de confianza en las instituciones limitan la denuncia.
“Las juventudes ya hablan más de estos temas, los nombran y los denuncian, pero aún falta garantizar que sus casos sean atendidos con sensibilidad y perspectiva de género”, precisó.
Llamado a la acción
Organizaciones como Igualdad Sustantiva Yucatán insisten en fortalecer tanto la prevención como la atención integral a víctimas:
“Las leyes ya existen, pero necesitamos que se apliquen y que haya acompañamiento real. El acoso, en cualquiera de sus formas, no debe normalizarse”, concluyó Kelly Ramírez.