La comunidad indígena maya de Sitilpech, en el municipio de Izamal, Yucatán, obtuvo una suspensión provisional que ordena la paralización inmediata de las operaciones de una granja porcícola con capacidad para 36 mil cerdos, por posibles violaciones a los derechos al medio ambiente sano, al agua, a la salud y a la consulta previa, libre e informada.

Resolución judicial a favor de la comunidad

El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, encabezado por la jueza Elsa Patricia Espinoza Salas, concedió la medida cautelar dentro del juicio de amparo 2095/2025, promovido por personas mayas con la representación del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

La resolución permite únicamente realizar acciones para mantener con vida a los animales ya existentes, sin permitir el ingreso de nuevos ejemplares.

Riesgos ambientales y denuncias ciudadanas

Las y los habitantes de Sitilpech denunciaron que la granja Kancabchén No. 2, aparcería de la empresa Kekén del Grupo Kuo, opera sin licencias ni permisos ambientales, dentro del “Anillo de Cenotes”, un humedal de importancia internacional reconocido por la Convención RAMSAR.

La comunidad ha documentado olores fétidos, contaminación del agua subterránea y afectaciones a la salud, principalmente en niñas, niños y personas mayores, además de omisiones de las autoridades para prevenir el daño ambiental.

Interés social y justicia ambiental

La jueza Espinoza Salas señaló que la medida cautelar responde al interés social, al proteger derechos individuales y colectivos vinculados con la biodiversidad y el ecosistema.

Esta resolución se suma a otras tres suspensiones otorgadas por los Juzgados Segundo y Sexto de Distrito en Yucatán, que ordenan fortalecer la vigilancia, inspección y preservación del equilibrio ecológico.

La medida estará vigente hasta la audiencia incidental del 7 de noviembre de 2025, donde se decidirá si la suspensión se confirma, modifica o revoca.

Compromiso con los derechos indígenas

Con este acompañamiento legal, el IFDP reafirma su compromiso con la defensa integral de los derechos humanos y ambientales de los pueblos indígenas, así como con la promoción de la justicia ambiental y la protección de los recursos naturales como bienes comunes de la humanidad.