El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado mientras participaba en un evento público con motivo del Día de Muertos, en el centro de esta ciudad michoacana, epicentro de la producción y exportación de aguacate hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, en la agresión —ocurrida frente a decenas de asistentes— dos personas fueron detenidas y uno de los presuntos atacantes murió durante el operativo de captura.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que se escuchan varias detonaciones de arma de fuego, provocando pánico entre los asistentes que se encontraban en el acto conmemorativo.

Manzo, quien asumió la presidencia municipal en septiembre de 2024, se había ganado notoriedad por su estilo directo y su cercanía con los problemas de seguridad del municipio. En varias ocasiones, el edil patrulló las calles acompañado por la policía local y portando un chaleco antibalas.

En un video difundido en junio, tras un enfrentamiento armado en la zona, el alcalde declaró que la violencia en Uruapan era un problema “que inició hace 25 años” y que debía ser atendido por la Federación.

Michoacán, un estado del tamaño de Costa Rica con costa en el Pacífico, ha sido escenario de una prolongada disputa entre cárteles del narcotráfico como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, organizaciones señaladas por las autoridades estadounidenses como “grupos terroristas extranjeros”.

La violencia ha golpeado especialmente al sector agroindustrial. Días antes del asesinato del alcalde, Bernardo Bravo, representante de los productores de limón de Michoacán, fue también ejecutado tras denunciar extorsiones y amenazas en contra de su gremio.

Por años, productores de aguacate y limón han denunciado ser víctimas de cobros de “cuota” por parte de grupos criminales, lo que ha encarecido los precios de estos productos y puesto en riesgo la seguridad de miles de jornaleros.

En respuesta a esa situación, el gobierno federal impulsó recientemente una reforma para tipificar la extorsión como delito grave, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados a finales de octubre.