La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO SERVYTUR Mérida) manifestó preocupación ante la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo actualmente en discusión. Aunque reconoce que la propuesta fortalece la certeza jurídica, agiliza la impartición de justicia y facilita la consulta de procesos, advierte que existen riesgos significativos que podrían impactar negativamente a sectores clave de la economía nacional.
Principales preocupaciones del sector empresarial
La CANACO SERVYTUR Mérida destaca que ciertas restricciones en la iniciativa amenazan el comercio, los servicios y el turismo, motores generadores de economía y empleo:
Cobro de Créditos Fiscales Acelerado: La limitación del recurso de revocación y del juicio contencioso-administrativo podría acelerar el cobro de créditos fiscales, dejando a las empresas en estado de indefensión durante el proceso.
Ineficiencia del Amparo Individual: Negar el amparo colectivo reduce la eficiencia del proceso, pues mientras el amparo colectivo tiene efectos generales, el individual solo beneficia al quejoso.
Inmovilización de Empresas: Las actividades de empresas que dependen de permisos específicos podrían suspenderse de manera inmediata durante procesos judiciales.
Afectación a la Operatividad Bancaria: Limitar el uso de cuentas bancarias bajo sospecha de recursos ilícitos impacta la operatividad y funcionalidad de las empresas mientras se comprueba la legalidad de los fondos.
Desconfianza por Arbitrariedad: La falta de mecanismos claros para demostrar la imposibilidad de cumplir sentencias genera un ambiente de desconfianza y percepción de arbitrariedad.
Solicitud de diálogo y revisión de la iniciativa
Ante estos riesgos, la CANACO SERVYTUR Mérida solicita no aprobar la iniciativa en su estado actual y abrir mesas de diálogo con representantes de comercio, servicios y turismo, con el objetivo de analizar los impactos y proponer ajustes que equilibren eficiencia administrativa y protección de derechos.
La cámara asegura que el trabajo conjunto con el Legislativo permitirá fortalecer la justicia administrativa y fiscal sin afectar la operatividad y competitividad de las empresas en México.