El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Yucatán manifestó su rechazo a la posibilidad de que el sector privado financie un bono de productividad para el transporte público, al considerar que equivaldría a imponer un nuevo impuesto que pondría en riesgo la viabilidad de muchas empresas.

Así lo señaló la presidenta del organismo, Claudia González Góngora, quien aclaró que hasta ahora no han recibido una propuesta formal sobre el tema y que únicamente han conocido la idea por declaraciones de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), concesionarios y lo publicado en medios de comunicación.

Falta de transparencia en la información

González Góngora explicó que la primera reacción del CCE fue de sorpresa al enterarse por la prensa de que se analizaban alternativas para generar más ingresos en el sistema de transporte público, sin que el sector empresarial haya sido convocado previamente a las mesas de trabajo.

“Necesitamos transparencia en la información. La ATY funciona como un servicio público que se sostiene con recursos públicos, por lo tanto, antes de emitir una opinión o un diagnóstico serio, debemos contar con datos claros y hasta el día de hoy no los tenemos de manera integrada”, afirmó.

La también presidenta de la Canirac recordó que existe un informe pendiente sobre la trazabilidad de las rutas, anunciado por la propia ATY desde hace tres o cuatro meses, que aún no ha sido entregado al sector empresarial.

Posibles impactos negativos al sector privado

“No podemos dar un criterio fundamentado sin esa información. Lo que sí vemos con preocupación es que se contemple que el sector privado financie un bono que, en caso de ser obligatorio, sería en los hechos un impuesto”, recalcó.

En ese sentido, recordó que el empresariado yucateco ya enfrenta una fuerte presión financiera debido a factores macroeconómicos, como la desaceleración del consumo reportada por el INEGI, el impacto de los aranceles nacionales e internacionales y las reformas normativas que han incrementado la carga regulatoria.

“Somos el sector productivo que genera miles de empleos en Yucatán. Si nos cargan con una obligación más, se pondría en riesgo la viabilidad de muchas empresas, sobre todo de las micro y pequeñas, que representan la mayoría en el estado. Incluso podría obligar a algunas a reducir su plantilla laboral”, advirtió.

Carga impositiva en Yucatán

Claudia González precisó que Yucatán se ubica entre las entidades con mayor número de impuestos estatales, al tener actualmente seis cargas de este tipo:

“Estamos en el séptimo lugar a nivel nacional en volumen de carga impositiva estatal. Si encima se agrega otro impuesto disfrazado de bono, sería un golpe para la competitividad del estado”, señaló.

CCE pide diálogo con las autoridades

Finalmente, aseguró que el CCE ha solicitado reuniones tanto con concesionarios como con la ATY para conocer de manera formal los alcances de la propuesta y revisar la información pendiente:

“Hasta ahora, lo que sabemos proviene de declaraciones públicas. No podemos dar por cierto que exista una propuesta formal. Estamos a la espera de entablar un diálogo directo con las autoridades antes de fijar una postura definitiva”, concluyó.