Ante el impacto ambiental de las granjas porcícolas en Yucatán, particularmente en la calidad del agua, uno de los recursos más frágiles del estado, desde el Congreso trabajan en reformas a la ley a fin de reforzar la regulación de esta industria y la creación de la Agencia Estatal de Aguas.
En entrevistas por separado, las diputadas Rosana Couoh Chan, independiente, y Sayda Rodríguez Gómez, del PAN, coincidieron en la necesidad de endurecer la regulación y reforzar la coordinación institucional para evitar daños mayores.
Rodríguez Gómez reconoció que la regulación de las granjas porcícolas es un tema complejo en el que confluyen factores ambientales, económicos y sociales.
Ley de Manejo Integral de Agua del Estado de Yucatán
Como legisladora impulsó un proyecto de decreto para expedir la Ley de Manejo Integral de Agua del Estado de Yucatán, que busca dotar al estado de herramientas propias para la prevención, el control y el monitoreo del recurso hídrico, a través de una Agencia Estatal de Aguas.
Dicha propuesta establece el marco jurídico para la regulación, planeación, administración y conservación de los recursos hídricos, así como la provisión de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales.
Para la creación de la iniciativa se contó con la colaboración entre diversas instituciones estatales y federales para su correcta ejecución, entre los actores clave se encuentran la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Salud y la participación de especialistas de la academia.
Guía técnica y evaluación de granjas
Recordó que durante su experiencia en la administración pública al frente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), le correspondió analizar esta problemática junto con autoridades federales, ya que aspectos como la calidad del agua descargada son competencia nacional.
Explicó que se elaboró una guía técnica para evaluar las granjas porcícolas, en la que se estableció que algunas instalaciones tendrían que cerrar, mientras que otras estarían obligadas a invertir en mejoras para reducir su impacto.
“Lo definitivo es que todas deben iniciar procesos en conjunto con las normativas federales, estatales e incluso municipales para evitar afectaciones”, sostuvo.
En tanto, la legisladora Couoh Chan reiteró que la problemática de las granjas porcícolas no puede minimizarse, pues representan “un foco de infección grandísimo, no solamente para la niñez, sino para todos nosotros”.
Sanciones y cumplimiento legal
Consideró que las sanciones actuales son insuficientes y que deben fortalecerse los mecanismos de vigilancia y castigo para las empresas que incumplen las normas ambientales.
“Tenemos que preguntarnos si realmente nos beneficia o nos perjudica y de qué manera. Al retirar una granja de un sitio, hay que diseñar la mejor estrategia para reubicarla, porque también se trata de encontrar soluciones viables y no sólo de desplazar el problema”, dijo la legisladora.
En ese sentido, recordó que cualquier decisión debe incluir alternativas para quienes dependen económicamente de la actividad.
En la propuesta de Ley de Manejo Integral de Agua del Estado de Yucatán se establece que las infracciones serán sancionadas por la autoridad competente con multas que van desde 10 hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización, considerando la gravedad de la infracción, el daño ocasionado y otros criterios aplicables.
Distribución de granjas y su impacto
La Secretaría de Desarrollo Sustentable elaboró la guía técnica para evaluar las granjas, determinando que algunas instalaciones deben cerrar y otras mejorar sus condiciones para reducir el impacto ambiental.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene ubicadas 507 granjas porcícolas distribuidas en 83 de los 106 municipios de Yucatán, concentrándose en localidades como Conkal, Telchac, Homún y Tizimín. Mientras algunas granjas son de autoconsumo, otras funcionan como grandes complejos con más de 20 naves.
En tanto, Greenpeace ha señalado que el 14.2 % de las granjas porcícolas en el país se encuentran en Yucatán, lo que impacta la selva maya, las comunidades indígenas y la salud pública, pues solo algunas operan con Manifestación de Impacto Ambiental, y aproximadamente el 90% de las granjas porcícolas opera ilegalmente.