El Poder Judicial del Estado se encuentra “al borde del colapso” debido a las condiciones laborales y administrativas heredadas por la actual magistrada presidenta, María Carolina Canto Valdés, denunció Luisa Martín Puc, presidenta del Sindicato Progresista de Trabajadores del Poder Judicial de Yucatán.
A días del relevo en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, que a partir del 1 de septiembre asumirá la magistrada Erika López Torres, la lideresa sindical advirtió que la gestión de Canto Valdés dejará rezagos como falta de personal, sobrecarga de trabajo, miles de expedientes atrasados, creación de plazas por amiguismo y sueldos injustos.
Sobrecarga de trabajo y falta de personal
“Todos los días escuchamos las quejas de litigantes y usuarios por la demora de los trámites. Esto ocurre porque los servidores públicos no se dan abasto con la cantidad de expedientes rezagados. Hay juzgados que operan con menos personal del mínimo necesario”, condenó.
Un ejemplo, dijo, es la central de actuarios, donde 29 servidores atienden a 37 juzgados civiles, familiares y mercantiles. También en el sistema penal, donde ocho notificadores deben cubrir nueve juzgados, además de incapacidades, permisos y vacaciones, lo que obliga a jornadas laborales que superan las 12 horas sin pago de horas extras ni viáticos.
La sindicalista denunció que, pese a las reiteradas solicitudes al Consejo de la Judicatura, encabezado por la magistrada Canto Valdés, las peticiones para contratar más personal han sido ignoradas.
Creación de plazas y prácticas injustas
Incluso, aseguró que las vacantes de secretarios auxiliares, puestos presupuestados en cada juzgado, se mantienen sin cubrir bajo el argumento de falta de recursos, mientras se crean nuevas categorías de menor rango y sueldo.
“Se inventaron subcategorías como asistentes legales o auxiliares administrativos para no pagar a los trabajadores como técnicos judiciales. Se les exigen las mismas cargas de trabajo, pero con sueldos más bajos”, denunció.
Martín Puc también señaló prácticas de nepotismo en la asignación de bases laborales, otorgando plazas definitivas a personas cercanas a funcionarios con apenas dos meses de contrato, mientras trabajadores con trayectoria y carrera judicial fueron relegados.
Situación crítica en juzgados del interior del estado
La situación, precisó, es crítica en juzgados mixtos del interior del estado, como Ticul, Tizimín e Izamal, donde los pocos empleados deben cubrir hasta cinco funciones distintas con sueldos de intendencia.
“Estos compañeros hacen de archivistas, digitalizadores, notificadores y proyectistas, pero se les paga como intendentes”, ejemplificó.
Asamblea General Extraordinaria y expectativas ante nueva administración
La lideresa adelantó que el próximo 30 de agosto encabezará una Asamblea General Extraordinaria en la que se someterá a votación la solicitud formal para que el Sindicato Progresista se convierta en sindicato mayoritario del Poder Judicial.
De cara a la nueva administración, Martín Puc hizo un llamado a Erika López Torres para atender las demandas de la base trabajadora y revertir la crisis heredada.
“Esperamos que tenga la voluntad de escuchar y de redirigir los recursos. El dinero se está yendo en puestos creados sin necesidad, cuando debería destinarse a contratar más personal en juzgados de primera instancia”, reiteró.
Finalmente, advirtió que, si no se toman medidas urgentes, el sistema judicial enfrentará un colapso que afectará directamente la impartición de justicia en Yucatán.
En otro tema, Luisa Martín informó que el próximo sábado 30 de agosto encabezará la Asamblea General Extraordinaria del Sindicato Progresista, que tendrá como punto principal la aprobación del gremio para demandar formalmente el registro como el sindicato mayoritario del Poder Judicial.