Alejandro Moreno, “Alito”, exhibió ayer al morenista Gerardo Fernández Noroña al hacerlo huir en medio de un zafarrancho. Sin embargo, esa explosión de enojo podría traer consecuencias para el campechano y para quienes participaron en el altercado, e incluso para el país, ya que podría convertirse en la oportunidad esperada por el poder político y partidista para desaforarlo y procesarlo.

Su acusación por supuestos desvíos ya se encuentra en la Sección Instructora que encabeza el incondicional Hugo Éric Flores, y se prepara su envío al pleno de la Cámara de Diputados para proceder. A diferencia de otros, Moreno no tendría el manto protector de la 4T como lo tienen Cuauhtémoc Blanco y Pío López Obrador, quienes permanecen intocados pese a señalamientos por acoso y por recibir dinero en apoyo a la causa de Andrés Manuel López Obrador. Ambos gozan de plena libertad, bajo la inocencia decretada en estos tiempos de “no impunidad”, como insiste el discurso de Palacio Nacional.

Las horas son definitivas para Alito. Tras su huida, Gerardo Fernández Noroña anunció que lo denunciará ministerialmente, sintiéndose respaldado por su movimiento. Ese apoyo será mayor a partir del lunes, cuando entre en funciones el reformado Poder Judicial, más cercano al gobierno. Antes, el caso deberá pasar por la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, dado que los hechos ocurrieron en un recinto federal: el Senado.

El conflicto podría ampliarse si se decide actuar también contra la panista Lilly Téllez, quien ha invocado la ayuda de Estados Unidos para combatir al crimen organizado y ha calificado al gobierno mexicano de “narcogobierno”. En caso de prosperar, la noticia daría la vuelta al mundo, pues implicaría el encarcelamiento de dos opositores y críticos de los gobiernos de Morena, primero el de López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum. La persecución de opositores, sin embargo, es una práctica asociada a regímenes como los de Nicolás Maduro, Daniel Ortega o el cubano, y no debería replicarse en México. Aunque la presidenta Sheinbaum prometió recientemente no proceder contra Téllez, las presiones y tentaciones dentro de Morena crecen y podrían aprovechar la coyuntura.

En paralelo, surge otro tema: el de los recursos incautados al crimen organizado. En el pasado, Andrés Manuel López Obrador exigía recuperar la riqueza de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública detenido en Estados Unidos. El juez Brian Cogan impuso a García Luna y a su esposa una multa de 2,500 millones de dólares, pero México no ha recibido nada. Ahora, el caso recae en Ismael “El Mayo” Zambada, a quien se le impuso una multa de 15,000 millones de dólares, suma que Sheinbaum asegura reclamará para México, argumentando que los delitos se cometieron en territorio nacional.

No obstante, el pago parece imposible. ¿Podría un capo entregar un cheque de caja por tal cantidad, sin esperanza de recuperar la libertad? La situación recuerda el caso de Zhenli Ye Gon, a quien se le decomisaron 205 millones de dólares, más de 17 millones de pesos, joyas y propiedades. En ese entonces, el gobierno de Felipe Calderón instruyó a Hacienda, bajo Ernesto Cordero, repartir los recursos entre las instituciones que participaron en la investigación.

Hoy, la presidenta Sheinbaum promete repartir los 15,000 millones de dólares —o lo que entregue Estados Unidos— entre millones de mexicanos en situación de pobreza. Sin embargo, todo indica que, al igual que en ocasiones anteriores, la gente deberá resignarse a esperar.