La audiencia de Ismael Zambada, conocido como El Mayo, en una corte del Distrito de Nueva York, terminó por quitar reflectores al centenario del Banco de México y a las declaraciones del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. Durante la celebración, el funcionario advirtió que México enfrenta un conjunto inédito de desafíos económicos, entre ellos los aranceles decretados por Donald Trump que están en espera de aplicación, la caída de la producción petrolera y de las remesas, además de otros factores internos y externos.

Pese al tono optimista de la presidenta Claudia Sheinbaum, el panorama económico del país para el próximo año luce complicado. Si el objetivo de su gobierno es reducir el déficit fiscal sin una reforma en puerta, resulta incierto cómo se solventará el gasto corriente sin recurrir al endeudamiento. A esto se suma la presión de programas sociales que crecen sin contar con estudios actuariales o proyecciones financieras que respalden su viabilidad.

El gobierno federal y los estatales parecen enfrascados en una carrera para ver quién reparte más apoyos, con evidentes tintes políticos disfrazados de beneficios sociales. En la Ciudad de México, por ejemplo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el programa “30 años y más”, que otorgará 8 mil 500 pesos mensuales durante un año a personas mayores de 30 años en situación de desempleo con dependientes económicos, además de capacitación laboral y acceso a seguridad social. Sin embargo, este proyecto carece de estudios previos, padrones de beneficiarios o proyecciones financieras claras, lo que deja la sensación de que se promete más allá de lo que realmente se puede cumplir.

Si el gobierno pretende mantener estos programas sin aumentar la deuda pública —que cerrará el año en alrededor de 18 billones de pesos—, inevitablemente deberá recortar recursos a rubros como la seguridad, la educación, el campo y la salud, como ya ocurrió en el presupuesto vigente. Aunque se insiste desde Palacio Nacional en que la falta de recursos es un argumento opositor, la evidencia apunta a lo contrario: el Senado, con mayoría morenista, mantiene congelada la validación constitucional del aumento salarial para policías, maestros de secundaria y personal de salud, aprobado de forma unánime en el Congreso y ratificado por los 32 estados desde octubre de 2024.

La reforma establece que ninguno de estos trabajadores puede percibir menos de 16 mil 777 pesos mensuales, equivalentes al salario registrado en el IMSS. No obstante, ante la incapacidad de cumplir con ese mandato, la orden fue frenar la declaratoria en el Congreso, lo que exhibe las limitaciones financieras del gobierno.

México, sin duda, enfrenta fuertes retos externos, pero son los problemas internos los que resultan más costosos.

En medio de este panorama, la presidenta Sheinbaum reaccionó de manera escueta a la confesión de El Mayo Zambada, quien admitió haber sobornado a policías, militares y políticos durante los 50 años que dirigió el Cártel de Sinaloa. Su respuesta fue: “pues que presenten las denuncias”. Pero la pregunta queda en el aire: ¿quién debería denunciar?, ¿El Mayo, El Chapo? Y sobre todo, ¿qué delitos podrían configurarse en este contexto?, ¿incumplimiento de contrato, fraude?