Ya tomaron el discurso, ya absorbieron las instituciones, ya se hicieron de los tres poderes y ahora traen la agenda. El gobierno y su partido de Estado desarrollan un plan que, exitoso en un principio, les ha permitido dominar la conversación pública y marcar la agenda informativa.
Los asuntos delicados, con efectos negativos para Palacio Nacional y para Morena, se multiplican. Desde la polémica por la mansión en Houston habitada por José Ramón López Beltrán, conocida como la “casa gris”, hasta la residencia vinculada con la empresa de Daniel Chávez Morán, dueño de Vidanta, en la Riviera Maya. Aquella denuncia fue presentada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y la respuesta presidencial se limitó a una evasiva: “Al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada qué ver con el gobierno”.
La lista de señalamientos es larga. Entre ellos, los lujosos viajes de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, a Japón y otros destinos, con gastos en cenas y brindis que, según reportó Carmen Aristegui, llegaron a los 2,500 dólares por ocasión.
La estrategia oficial frente a estas críticas es clara: desacreditar a los medios que difunden tales excesos y acusarlos de ser opositores a la 4T. Así lo expresó Beatriz Gutiérrez Müller, quien los calificó como “calumniadores profesionales de la derecha más rancia”, asegurando que por eso “estamos siempre en resistencia”.
Paralelamente, el gobierno impulsa escándalos menores que sirven de distractores, como la supuesta intención de la esposa del presidente de mudarse a una zona de lujo en Madrid. Todo esto estaría bajo la operación de Jesús Ramírez, figura cercana a López Obrador y con gran influencia en la estrategia de comunicación.
En paralelo, surgen otros episodios preocupantes.
En Chihuahua, un espía interno documenta cada movimiento de la gobernadora Maru Campos, desde la planeación de obras hasta acuerdos políticos y decisiones administrativas. Esta situación no solo compromete su libertad de acción, sino que también abre preguntas sobre su seguridad personal. Si las filtraciones continúan, incluso podría verse condicionada la elección del próximo candidato del PAN a la gubernatura en 2027, lo que significaría entregar el estado de antemano a la maquinaria electoral de López Obrador.
Por otro lado, los mexicanos sancionados por Estados Unidos buscan recuperar sus visas.
Entre ellos se encuentra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien ha estrechado la relación con el cónsul en Tijuana, Christopher Teal, con la esperanza de que interceda en Washington. Si logra su cometido, ella podría volver a disfrutar de sus habituales estancias en California junto con su esposo, Carlos Torres, quien también gestiona la recuperación de sus documentos migratorios. Aunque queda por ver si las propiedades de ambos se verán afectadas, de momento hay esperanzas para retomar su vida habitual al norte de la frontera.