Limitar los alojamientos turísticos temporales, proteger a los inquilinos y evitar la folclorización de barrios originarios son algunas de las políticas públicas que podrían mitigar el avance de la gentrificación en México, según explicó Daniela Sánchez, catedrática y coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
Medidas internacionales podrían aplicarse en México
Sánchez aseguró que estas estrategias han funcionado en otras ciudades del mundo. Aunque no eliminarían la gentrificación, sí permitirían gestionar el fenómeno con mayor equidad, evitando desplazamientos y desalojos de pobladores locales.
Además, alertó que la creación de corredores turísticos y grandes remodelaciones urbanas ha elevado el valor del suelo, lo que genera exclusión social y presión inmobiliaria sobre comunidades vulnerables.
Protestas ante falta de políticas para vivienda accesible
La especialista atribuyó las recientes protestas a la falta de respuestas gubernamentales y a la creciente carencia de vivienda digna y accesible, especialmente para quienes no pueden competir con los altos precios generados por el auge turístico y la llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo.
Gentrificación va más allá de turistas extranjeros
Daniela Sánchez subrayó que la gentrificación no es solo consecuencia de extranjeros, sino también de mexicanos con mayor capacidad económica que desplazan a los habitantes originarios.
"Los mexicanos no llegan a gentrificar San Francisco o Los Ángeles. Van a trabajar al jornal", remarcó, haciendo un llamado a entender el fenómeno desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social.
Fragmentación del tejido social en barrios tradicionales
En zonas como el centro de la Ciudad de México, explicó que la presión de desarrollos inmobiliarios ha llevado al desalojo de familias, lo que a su vez ha provocado el cierre de negocios tradicionales, la aparición de anuncios en inglés y una creciente sensación de extrañamiento entre los residentes de largo plazo.
"Este fenómeno ya se replica en ciudades como Monterrey o Mérida", advirtió Sánchez, al señalar que se requiere una acción pública urgente y enfocada en el derecho a la vivienda.