La creación de la Policía Ecológica Mérida deberá esperar un poco más debido a la necesidad de realizar modificaciones a reglamentos municipales y establecer coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada.
El proyecto busca frenar el creciente problema del abandono de residuos en la vía pública, una práctica que, según autoridades locales, ha aumentado significativamente. “La gente que tire basura va a tener un castigo”, aseguró la edil, al tiempo que anunció que ya se aumentaron las multas económicas como una primera medida.
Aumentan multas para infractores ambientales
El Cabildo de Mérida aprobó reformas al reglamento que endurecen las sanciones contra quienes arrojen basura en zonas públicas. Las multas pasaron de un rango de 10 a 500 UMAs a uno de 100 a 500 UMAs, lo que equivale a montos de entre $2,500 y más de $50,000, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Este ajuste ya está vigente, y será aplicado por jueces calificadores municipales, quienes determinarán la sanción correspondiente en cada caso.
Falta coordinación con SSP para zonas fuera del Centro
La presidenta municipal explicó que la Policía Municipal de Mérida no tiene jurisdicción en colonias alejadas del Centro, por lo que será necesario establecer acuerdos con la SSP para que los operativos de vigilancia y sanción puedan abarcar todo el municipio.
“Yo estoy segura que sí se logrará, hay una buena coordinación y estamos convencidos de que habrá apoyo para aplicar el reglamento en toda la ciudad”, declaró Patrón Laviada.
Preparan jueces y protocolos
La regidora de Seguridad Pública y Tránsito, Denisse Pérez Rodríguez, informó que ya se están capacitando a los jueces calificadores que recibirán los casos de personas sorprendidas tirando basura. Serán ellos quienes definan el nivel de la falta y el monto de la multa, conforme al reglamento actualizado.
Los agentes municipales detendrán a los infractores en el Centro de Mérida, mientras que en el resto de la ciudad esta función recaerá en la Policía Estatal, que también deberá presentar a los infractores ante los jueces.
Ambas funcionarias coincidieron en que el propósito es frenar una práctica que daña la imagen urbana y representa un riesgo sanitario, y confiaron en que el trabajo conjunto entre las corporaciones hará posible su aplicación en toda Mérida.