por Adrián Trejo

Antes de su desaparición como la conocemos actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería discutir y votar un tema fundamental para la sociedad, relativa a la prisión preventiva oficiosa.

Como recordará, la mayoría morenista en el Congreso aprobó un catálogo de delitos que por sí solos son sujetos de prisión preventiva, como el robo de combustible, el robo a casa-habitación, por citar solo dos, lo que generó un debate sobre la constitucionalidad de la medida.

Pues bien, la ministra Margarita Ríos-Farjat presentó un proyecto de sentencia en el que plantea que la prisión preventiva oficiosa no se aplique en automático, sino que cada caso sea analizado por un juez quien determinará los riesgos que existen, por ejemplo, para que el acusado se pueda sustraer de la justicia o entorpezca el propio juicio.

Lo interesante del caso es que la ministra no propone la derogación o desaparición de dicha ley, sino que se modifique la interpretación para que un presunto culpable no sea encarcelado sin justificación.

La propuesta de la ministra Ríos-Farjat responde a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con número 49/2021.

El proyecto establece que la prisión preventiva oficiosa se ha convertido “en un instrumento engañoso de política criminal que normaliza la violación a la presunción de inocencia’’, algo que en su momento alegaron los partidos de oposición y diversas organizaciones de juristas.

Si el proyecto fuera aprobado por mayoría, quienes hoy se encuentran en previsión preventiva sin sentencia tendrían la oportunidad de reponer el proceso en su contra, lo que implicaría que miles de casos fueran revisados.

No está sencillo que se obtenga la mayoría para sentar jurisprudencia, es decir, para que sea de aplicación generalizada en todo el país, pero quienes integran la Corte actualmente se podrían ir con una victoria que los marcará de por vida.

A ver.

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En el Senado, las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Justicia, aprobaron por mayoría, el dictamen de la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Contra el lavado de dinero, pues.

La oposición, PRI y PAN, votaron en contra en tanto que el Movimiento Ciudadano se abstuvo.

El argumento de priistas y panistas es que dicha ley permite que las autoridades hacendarias puedan tener a su plena disposición toda la información de cualquier ciudadano, desde sus cuentas bancarias, datos biométricos y propiedades.

No es, argumentaron, una medida contra el lavado, sino una medida de control.

Previo a la votación, el coordinador de la bancada del PRI, Manuel Añorve, acusó que Morena quería aprobar en dicha ley un apartado en el que iglesias, asociaciones de profesionistas y sindicatos, entre otros, serían susceptibles de la aplicación de esta ley tan solo si “resultaban sospechosos’’.

Al final, el senador morenista Miguel Huerta Ladrón de Guevara presentó una reserva para suprimir el artículo 3, a efecto de que ni las iglesias ni los colegios de profesionistas fueran sujetos de esta ley.

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Faltan casi dos años para las elecciones intermedias en las que habrán de elegirse 17 gobernadores y ya comenzaron los movimientos.

En Quintana Roo, por ejemplo, es un hecho que el director de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo y la diputada Marybel Villegas, hagan mancuerna para competirle a los probables candidatos de la gobernadora Mara Lezama, el senador Eugenio Segura y la presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta.

Todavía falta, pero los resultados desfavorables de Morena en Veracruz y Durango, parece que precipitarán los tiempos de alianzas y destapes.

    @adriantrejo